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El Académico Dr. Pío Iván Gómez Sánchez, fue promovido a Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina el pasado 9 de junio. Presentó la conferencia titulada “Anticoncepción en un marco de derechos” en la sede de la Academia. El Dr. Gómez pertenece a la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, a la Sociedad Colombiana de Obstetricia, a la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología y a Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, es Miembro Honorario de la Red Iberoamericana de Salud Sexual y Reproductiva y de varias sociedades de ginecología y obstetricia en el exterior, autor de varios libros y artículos en revistas Indexadas.
Al inicio de su presentación recordó a su antepasado, Alvar Gómez de Castro, un catedrático de las universidades de Alcalá de Henares y de Toledo, autor De Fundamenta Medicorum, un compendio de patología médica escrito en el siglo XVI. También hubo una mención especial a sus padres el Dr. Pío Gómez Moreno y Ana Luisa Sánchez, su familia, mentores, colegas y amigos, presentes y ausentes, que han sido parte de su trayectoria profesional. A continuación, un resumen de su presentación.
LA PANDEMIA
Para una región como la nuestra, con grandes niveles de desigualdad, la pandemia puso en evidencia las inequidades sanitarias y las enormes brechas en el acceso a servicios e insumos para la salud sexual y reproductiva. Hasta marzo de este año, se calculan más de 400 millones de casos acumulados y cerca de 6 millones de muertes con el COVID-19.
La pandemia trajo muchas barreras a los servicios y la covid-19, puso aún más en evidencia la inequidad en Colombia. Los brotes de enfermedades afectan a mujeres, hombres, personas de género diverso, de manera diferente y las pandemias exacerban aún más las desigualdades existentes, lo mismo que la discriminación en contra de otros grupos marginados como personas con discapacidad y aquellas en situación de pobreza extrema.
De acuerdo a un informe estadístico de SALUDATA (Observatorio de Salud en Bogotá), en los primeros 6 meses de pandemia hubo una diferencia muy marcada en las afectaciones por Covid-19, por estratos. Por cada hospitalización de personas pertenecientes al estrato 6, se presentaron 12 hospitalizaciones en estrato uno y 7 hospitalizaciones en estrato 2.
Cuando se revisan los ingresos a la UCI, por cada ingreso en persona correspondiente a estrato 6, hubo 5 de estrato uno. Esto seguramente se explica por qué las personas de menores ingresos y posiblemente en trabajo informal, no pudieron quedarse en casa durante el confinamiento y tuvieron una mayor exposición al virus.
Durante la pandemia, el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos se ha visto afectado por la magnitud de la crisis sanitaria y humanitaria, así como por sus graves efectos económicos y sociales, incluyendo las dificultades de acceso a servicios públicos, y se prevé que esta situación va a continuar en el futuro próximo, logrado afectar de manera importante estos derechos esenciales.
El acceso a estos derechos, es un derecho humano fundamental y este estándar debe seguir siendo respetado y protegido como tal por los gobiernos, que deben priorizar los escasos recursos. La concentración de esfuerzos en la pandemia, hizo que se interrumpiera la provisión de asesoramiento básico sobre anticoncepción, la entrega de productos, servicios anticonceptivos y el funcionamiento de cadenas de suministros. De igual forma, ha sucedido con servicios de interrupción voluntaria del embarazo, atención a violencia de género y otros servicios de salud sexual y reproductiva.
El Instituto Guttmacher de Estados Unidos, estudió en 2020 el porcentaje de mujeres que reportaron demoras o cancelación de servicios de salud sexual y reproductiva. Encontraron diferencias estadísticamente significativas por raza, orientación sexual e ingreso familiar, encontrando menor acceso en afrodescendientes, mayor acceso en heterosexuales y menor acceso entre poblaciones con menos ingresos. Esto pone de manifiesto, la inequidad y la discriminación en la prestación de los servicios. También calcularon los posibles impactos anuales de una reducción del 10% en el uso de servicios en salud reproductiva, como consecuencia de la pandemia en 132 países de ingresos bajos y medios. Casi 49 millones más de mujeres con anticoncepción insatisfecha, más de 15 millones de embarazos no planeados. 28.000 muertes en gestantes y poco más de 3.3 millones de abortos inseguros.
Esta pandemia de COVID-19 se convirtió en la principal causa de muerte de mujeres gestantes en varios países de la región como Perú, México, Bolivia, República Dominicana, entre otros. La OMS, de acuerdo a sus encuestas, dice que 12 millones de mujeres perdieron el acceso a anticoncepción, lo que provocó 1.4 millones de embarazos no deseados.
En resultados para la región de las Américas de la encuesta de la Organización Panamericana de la Salud sobre la continuidad de los servicios esenciales de salud, 45% de los países reportaron que entre el 50 a 74% de sus servicios de salud sufrieron interrupciones, el 46% de los servicios evaluados presentaron algún nivel de interrupción, 23%, interrupción leve, 14% moderada y 9% una interrupción severa. 97% de los países que respondieron a la encuesta reportaron que hubo interrupción en la provisión de por lo menos 1 de los servicios esenciales de salud, que se evalúa en esta encuesta.
Una investigación que publicamos a finales de mayo de 2022 en la revista Panamericana de la salud pública, se estimó la demanda anticonceptiva satisfecha con métodos modernos y el impacto de la pandemia de covid-19. El escenario comprendía 3 variables: cobertura, resultados en materia de salud y costos en la respectiva cobertura. Se emplearon datos del Fondo de Población de Naciones Unidas para evaluar la repercusión de COVID-19 en el acceso a anticonceptivos en América Latina y el Caribe, e inversión directa para evaluar la costo-efectividad. Se encontraron desigualdades sustanciales en el uso de métodos anticonceptivos modernos que ya estaban antes de la pandemia y se demostró la posible costo-efectividad de evitar muertes maternas mediante la introducción de anticonceptivos reversibles de larga duración, (LARCS por su sigla en inglés), que son básicamente los implantes subdérmicos anticonceptivos y los dispositivos intrauterinos. Los Gobiernos de la región deben considerar la posibilidad de promover estos anticonceptivos reversibles de larga duración como una intervención muy eficiente y costo efectiva
HISTORIA
Shirin Ebadi, una abogada iraní que en el año 2003 recibió el Premio Nobel de la Paz, gracias a su trabajo por la democracia y los derechos humanos, considera como la primera declaración de derechos humanos en toda la historia, el año 539 a.c., cuando el Rey Persa Ciro el grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. Declaró que la gente tenía derecho a escoger su propia religión, lo cual consta en el llamado Cilindro de Ciro, una pieza de arcilla con esta proclamación inscrita que reposa en el Museo Británico.
Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos, de hecho, los más humanos de todos los derechos. Son ideal común de dignidad humana, la cual es intercambiable, insustituible, no manipulable. Un fin en sí mismo y por lo tanto, no un medio. Nacemos todas las personas con una serie de derechos que el Estado no nos otorga, sino que tiene que reconocérnoslo, constituyéndose estos derechos en los límites al ejercicio del poder político. Las personas podemos reivindicarlos y las comunidades deben participar en los procesos de adopción de decisiones.
8 objetivos de desarrollo del milenio. Informe del 2015 Naciones Unidas.
Hay avances, algunos de ellos fueron la disminución general de la mortalidad materna de un 45% entre el año 1990 y el año 2013. Pero si bien hay una disminución, persiste la inequidad. Hoy en día siguen muriendo 830 mujeres en el mundo todos los días por causas prevenibles asociadas al embarazo. De estas muertes, el 99% ocurre en países en desarrollo como el nuestro, más de la mitad en entornos frágiles y en contextos humanitarios.
216 millones de mujeres no pueden acceder a métodos de anticoncepción moderna. La mayoría vive en los 9 países más pobres del mundo y en un ambiente cultural propio de la década de los 60. Este número, no solamente incluye las mujeres entre 15 y 49 años en cualquier tipo de unión, sino muchas más. Todos tenemos la obligación moral de lograr la erradicación de la pobreza extrema y avanzar en la construcción de sociedades más igualitarias, justas y felices y la anticoncepción sin barreras es una de las mejores herramientas para lograrlo.
Los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible del milenio.
En cada uno de ellos la anticoncepción tiene un papel muy importante. Se debe entender el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Se reconocen por lo menos 3 dimensiones, la social, la ambiental y la económica. ¿Qué es lo que se busca con esto? Modelar nuestro futuro común, trabajar por sociedades prósperas, sostenibles, cohesionadas, para todas las personas.
El primer objetivo de estos 17 es poner fin a la pobreza en todas sus formas. Una de sus metas es que para el año 2030 logremos erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, esto se mide como las personas que viven con menos de USD$ 1.9 al día, acá la anticoncepción tiene un papel preponderante. El objetivo 3 es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas y en cualquier edad. Algunas de las metas para el 2030 son, reducir la razón mundial de mortalidad materna a menos de 70 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la anticoncepción, información y educación, y una integración de la salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales.
El objetivo 5 es lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Las metas, poner fin a todas las formas de discriminación y violencia contra todas las mujeres y las niñas en el planeta, garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, así como los derechos reproductivos de acuerdo al programa de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo del año 94, la plataforma de acción de Beijing del año 95 y los documentos finales de conferencias posteriores como el consenso de Montevideo en el año 2013.
Como ciudadanos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, como empleados, como dirigentes, etcétera, tenemos responsabilidades en el logro del desarrollo sostenible. Es nuestro deber trabajar desde todos los ámbitos, por ejemplo, para lograr acceso a anticoncepción basada en las personas donde se garantiza una elección libre e informada. La clave del éxito es hacer que la dignidad individual, la autonomía, las necesidades y preferencias anticonceptivas de las personas sean la base para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los programas. Debemos permitir que las personas tomen decisiones plenas, libres e informadas sobre anticoncepción y servicios de altísima calidad, como parte del respeto, protección y el cumplimiento de sus derechos. Debemos resaltar el concepto de elección libre e informada, el cual es muy común en la ética médica y es parte integral de los programas de salud sexual y reproductiva que incluye la anticoncepción.
El énfasis explícito en la decisión voluntaria se volvió importante después de que algunos programas se involucraran en prácticas coercitivas. Hacer hincapié en la elección plena, libre e informada en anticoncepción asegura la decisión voluntaria y protege contra la corrupción. En nuestro deber, lograr que la dignidad individual, autonomía, necesidades y preferencias de las personas sean centrales para el diseño e implementación.
Las doctoras Rebecca J. Cook y Joanna N. Erdman en el año 2008, publicaron en la Enciclopedia Internacional de Salud Pública un capítulo sobre derechos reproductivos, donde mencionan que los derechos reproductivos se protegen mediante la aplicación de los derechos humanos en directrices, en leyes nacionales, en constituciones y tratados regionales internacionales.
Si bien los derechos reproductivos son fundamentales para lograr los objetivos de población, salud y desarrollo también son importantes en sí mismos como derechos humanos, decididos a proteger la dignidad inherente a la persona. Según ellas, los derechos reproductivos tienen 3 categorías amplias: el primero derecho a la autodeterminación reproductiva. Las mujeres y hombres debemos poder decidir tener desde cero hijos hasta los que queramos. El segundo es el derecho a los servicios de salud reproductiva, información y educación y el tercero el derecho a la igualdad y no discriminación.
La elección plena vinculada al derecho a los servicios de salud reproductiva, incluye el derecho a elegir entre una variedad de métodos. Respetar la capacidad de una persona para elegir un método anticonceptivo que se adapte a su estilo de vida, creencia, necesidades, intenciones reproductivas, contribuye al cumplimiento del derecho humano básico de las personas a elegir con responsabilidad el número de hijas, hijos, y el momento de intervalo. Esto requiere la aplicación de varios principios que han sido reconocidos por la comunidad internacional con el acrónimo PANEL (Participation, Accountability, Nondiscrimination and Equality, Empowerment, Linked to standards) que son básicamente participación, las personas tienen un papel en la planificación y seguimiento de programas qué brindan servicios y que impactan sus vidas, el segundo es la rendición de cuentas, los Gobiernos han firmado tratados de derechos humanos y tienen la obligación de desarrollar leyes, procedimientos, prácticas y mecanismos para garantizar el cumplimiento de los derechos y abordar las negaciones y violaciones. En tercer lugar, la no discriminación y la equidad, que se centra en las barreras estructurales y de actitud que conducen a desigualdades en el acceso y la calidad de los servicios de anticoncepción, en particular para grupos marginados, desfavorecidos y excluidos, el empoderamiento que se relaciona con los esfuerzos para informar a las personas sobre sus derechos humanos, aumentar su capacidad para exigir y ejercer los derechos, y el último, el quinto vinculado a estándares, se refiere a identificar qué tratados o acuerdos globales, ha afirmado el Gobierno, y alinear los programas con las obligaciones legales de defender los derechos humanos de conformidad con estándares establecidos por órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos.
Debemos fomentar el abordaje de la anticoncepción desde una visión holística, centrada en la persona y desde el punto de vista de los sistemas de salud, abordando los factores que afectan los derechos humanos, la elección y uso de la anticoncepción. El modelo de programación holística, nos obliga a pensar más allá de un área particular de experiencia para considerar las causas fundamentales de la falta de acceso y uso de anticoncepción. Idealmente, pensar de manera integral facilitará el desarrollo de intervenciones que tendrá un impacto obviamente más duradero.
Nosotros somos la voz de quienes no la tienen, y tenemos que hacer uso de eso, así que nuestro compromiso debe ser con la garantía al acceso a la anticoncepción y todos los demás servicios de salud sexual y reproductiva. Antes de la pandemia, las cifras decían que había 230 millones de mujeres que querían postergar o prevenir el embarazo, pero no estaban usando un método anticonceptivo eficaz. Antes de la pandemia, decíamos que si invirtiéramos 4000 millones de dólares al año, evitaríamos 22 millones de abortos, 142.000 muertes relacionadas con el embarazo, de estas la tercera parte por aborto inseguro, y evitaríamos 1.4 millones de muertes infantiles. Parece mucho dinero, pero para ponerlo en perspectiva, el presupuesto actual de defensa de Estados Unidos en este momento son 760.000 millones de dólares, es decir, casi 200 veces más la cifra que acabaría con la demanda insatisfecha en anticoncepción.
¿Qué pasa en nuestro país? ¿Cuánto dinero innecesario se gasta en acciones que no son prioritarias? ¿Cuánto dinero se lleva a la corrupción? Se calcula que el costo de la corrupción para el país es de más de 50 billones de pesos, es decir, cerca de 17.000 millones de dólares al año, que representan el 5% del producto interno bruto, que a su vez representa el 21% del presupuesto nacional.
Nuestro mundo como lo conocimos ya cambió. Es una falacia pensar que vamos a volver a lo que teníamos antes de marzo del 2020. Heráclito, aquel filósofo griego nacido en el año 540 antes de nuestra era, nos enseñó que lo único constante es el cambio. Tenemos ahora una gran oportunidad de empezar de nuevo, de construir un mundo más equitativo, donde se respetan los derechos de las personas. Un mundo en el que se respete el planeta, se respete la naturaleza, se respetan los animales, sólo así podemos pensar en crear un futuro para las nuevas generaciones. ¿Cuál es nuestra función social como profesionales de la salud?
El video de la cátedra puede verse en: Anticoncepción en un marco de derechos
El Dr. Pío Iván Gómez Sánchez es médico cirujano de la Universidad del Rosario, especialista en Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Epidemiología, de la Universidad del Rosario, Magister en Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad El Bosque, Fellow en Anticoncepción de la Universidad de Laval, Quebec, Canadá.
Actualmente es asesor médico Senior de Fòs Feminista en Nueva York, profesor titular con Tenencia del cargo de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina.
Fotografía tomada en su posesión como Miembro de Número. Academia Nacional de Medicina. 9 de Junio de 2022
