Visitas: 2
En su columna habitual para el diario El Tiempo, el Académico Dr. Fernando Sánchez Torres dió su punto de vista acerca del reconocimiento médico a altos funcionarios del Estado.
Por Fernando Sánchez Torres.
Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), quien fuera presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, advirtió deterioro de su salud cuando se sometió a la sobrecarga que trae consigo el ajetreo de un primer mandatario: reuniones y viajes a granel, discursos a rodo, dar la mano a todo el mundo, estar pendiente de la marcha de su gabinete, defender sus programas; además, de ñapa, enfrentar los problemas de índole personal. Para ayudarse, tomaba medicamentos arbitrariamente. Por recomendación de su médico, el doctor Cary T. Grayson, anunció a su gabinete que sería necesario limitar algunas de sus actividades. “Si bien no estoy enfermo –manifestó–, mi salud tampoco es excepcionalmente buena, y he firmado un pacto de paz con mi médico. Tengo que portarme bien”.
El comportamiento extraño e inocultable del presidente Petro ha dado pábulo para que corran rumores de que le está flaqueando la salud. El Presidente lo ha desmentido. Sin embargo, algunos parlamentarios han propuesto que debe someterse a reconocimiento médico para despejar sospechas. Por supuesto que esta idea no ha tenido buen recibo en el círculo oficial. Viéndolo bien, no sería un procedimiento descabellado, pues la opinión pública debe estar informada del real estado de salud de su presidente.
Esto de que se haga un reconocimiento médico a los altos funcionarios del Estado, y se conozca su resultado, no es un exabrupto. Yo diría que debe ser obligatorio, pues el manejo de la cosa pública es un asunto delicado que, para hacerlo bien, requiere tener buena salud.
A propósito, voy a relatar un episodio del cual fui protagonista, y que en su momento fue muy comentado. Me refiero a lo ocurrido en 2012 con el vicepresidente Angelino Garzón. Resulta que ante la perspectiva de que este llegara a ocupar la presidencia por razones de salud del titular Juan Manuel Santos, el Congreso de la República, en cabeza de su presidente Roy Barreras, solicitó a la Academia Nacional de Medicina que designara una comisión de su seno para someter a un reconocimiento médico al vicepresidente, de quien se decía que su salud era deficiente. La solicitud del Congreso incluía que el presidente de la Academia formara parte de la junta en calidad de veedor. Afortunadamente, pues el presidente era yo, y mi especialidad, la ginecología.
En un principio el vicepresidente Garzón había aceptado someterse al reconocimiento facultativo. No obstante, cuando fuimos a cumplir el encargo nos encontramos con un no rotundo, invocando razones de carácter político, jurídico y constitucional. Durante cuarenta minutos lo escuchamos, advirtiéndole que la junta médica estaba despojada de cualquier compromiso político y que solo la movía, al tenor de la ley, el deber de examinar al segundo funcionario más alto del Estado y certificar sobre su estado de salud dentro del marco de la privacidad y la debida reserva. Sin embargo, la junta se frustró y nos retiramos –como dicen las señoras– “con los crespos hechos”. Se había perdido una buena oportunidad para aclarar una situación que mantenía en vilo al Congreso y al país.
Vivido ese episodio, reafirmé el convencimiento de que el estado de salud de los funcionarios públicos –sobre todo aquellos de la más alta jerarquía– no puede ser un tabú, algo que debe mantenerse oculto. Un ejemplo de lo que corresponde hacer lo dio en aquella ocasión el presidente Santos. Declaró públicamente que padecía un cáncer de próstata y que debía someterse a una delicada intervención quirúrgica. Ante esta realidad, quien debía remplazarlo era el vicepresidente Garzón.
Sí, quien aspire a ocupar altos cargos en el sector público debería presentar ante el Senado una certificación médica que garantice su idoneidad física y mental, advirtiendo que hay impedimentos relativos, como fue el caso del presidente Roosevelt. En una silla de ruedas gobernó exitosamente el país. Además, aquellos funcionarios deberían someterse periódicamente a un chequeo médico “ejecutivo”.
Volviendo al presidente Petro, inteligente fuera que aceptara que su salud es un asunto de interés público. Siendo tan amigo de la paz, debería firmar con su médico un acuerdo saludable, como lo hizo el presidente Wilson.
Tomado de El Tiempo
El Dr. Fernando Sánchez Torres es doctor en medicina y cirugía, con especialización en ginecobstetricia. Ha sido rector de la Universidad Nacional de Colombia, Presidente de la Academia Nacional de Medicina y presidente del Tribunal Nacional de Ética Médica.
