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El exministro de Salud Dr. Jaime Arias escribe una columna para el diario El Tiempo sobre lo que desde su punto de vista es lo bueno, lo malo y lo incierto de la Reforma a la Salud propuesta por el actual gobierno. 

 

Por Jaime Arias 

La alquimia política que se está cocinando en la Casa de Nariño entre políticos curtidos, como son el presidente Petro y los jefes de los partidos de la coalición de gobierno, es una típica solución intermedia en la que aparentemente todos ganan y nadie pierde. En el papel es una fórmula salvadora, por lo menos en el corto plazo; en la realidad puede significar el final de treinta años de construcción del actual sistema de aseguramiento en salud. 

Lo bueno. Los afiliados van a tener un tiempo de tranquilidad, pues permanecen vinculados a una gestora, ahora con nueva denominación: entidades gestoras de salud y vida (EGSV) y, de esa manera, tendrán acceso a la actual red integral de cada entidad, además se mantiene la libre elección; se impulsará la atención primaria en zonas distantes, llenando un vacío de la Ley 100, y se mantendrán los servicios primarios actuales en ciudades y municipios mayores. 

A los agentes se les dará tiempo para acomodarse o salir sin tropiezos al eliminarse los requisitos de habilitación financiera y técnica, es decir, la suficiencia patrimonial y financiera de las EPS (reservas técnicas y capital de trabajo), pues esas previsiones pasan a la Adres, que contará con un fondo de reserva nacional cuando la siniestralidad pase del 100 %, es decir, cuando la plata disponible no alcance. 

Los prestadores recibirán los giros directos de la tesorería pública sin que intervengan los aseguradores, que actualmente negocian contratos, controlan gastos, adelantan auditorías y definen sus redes, es decir, se quitan de encima un intermediario molesto pero necesario. También es bueno que el modelo continúe siendo mixto y no se estatice, como proponía el Gobierno para ser manejado por la burocracia regional y local. 

Lo malo. Continuará la incertidumbre y, si no se adiciona el presupuesto anual de uno o dos puntos del PIB, no será posible cumplir el sueño de garantizar el derecho casi infinito a la salud, pues con los presupuestos actuales no es posible mantener las actuales y futuras prestaciones. Se eliminarán los controles al gasto y ya no existirán los actuales a cargo de las aseguradoras. No se deberán liquidar EPS al no cumplir con el patrimonio técnico, el margen de solvencia y las reservas, pues el Estado las absorbe y, en caso de liquidación de gestoras, trasladará los afiliados a la Nueva EPS, entidad que fungirá como el nuevo seguro social. Se acaban los incentivos que hoy tienen las aseguradoras para gestionar las cohortes de más de siete millones de personas con enfermedades crónicas y catastróficas, pues en el nuevo esquema lo importante es administrar servicios que se giran directamente a las IPS (clínicas y hospitales). 

Lo incierto. El futuro no es predecible en el mediano y largo plazo. El sistema podrá continuar con fallas de calidad y oportunidad, podrá aumentar la corrupción al disminuir los controles sobre el gasto; algunas (o muchas) EGSV se quebrarán y deberán ser liquidadas a costa de la Adres; el avance en la gestión de las enfermedades ruinosas o de alto costo se podrá detener y el Estado asumirá nuevas responsabilidades; además, se prohíbe la integración vertical, que es mínima, pero sirve actualmente para racionalizar costos y mejorar la capacidad de respuesta. 

Faltan muchos episodios en los meses que siguen: el efecto de la acumulación de cerca de seis proyectos presentados por diferentes partidos y los cambios que se produzcan en Cámara y Senado. Esperemos nuevos capítulos de esta agitada novela. 

JAIME ARIAS. Exministro de Salud 

Artículo publicado originalmente en El Tiempo 

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