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Columna del Académico Dr. Fernando Sánchez Torres para El Tiempo sobre la Reforma a la Salud.
Por Fernando Sánchez Torres
Como parte de la estrategia del Gobierno de socializar los proyectos de reforma que piensa presentar al Congreso en la presente legislatura, la ministra de Salud asistió a la Academia Nacional de Medicina para dar a conocer el suyo, que se ha venido divulgando fragmentariamente a través de los medios, suscitando variados comentarios, buen número de ellos desfavorables.
Los asistentes a dicha reunión esperábamos información complementaria. Pero, por lo que escuchamos, el proyecto completo aún mantiene el carácter de reservado. Probablemente la ministra espera hacerle cambios basándose en las recomendaciones venidas de otros sectores. Lo que nos quedó claro es que el sistema de salud no se va a estatizar.
El proyecto reformatorio oficial ha estado acompañado de justificada prevención. La opinión general es que hay que imprimir cambios al sistema, pero, al decir de la mayoría, no a la manera como propone el Gobierno. A partir de cuando el presidente Petro anunció la reforma, la suerte del proyecto comenzó a ser incierta, a empantanarse. Para ambientarlo apeló a informes ficticios, queriendo hacer creer que nuestro sistema de salud es uno de los peores del mundo. En el fondo, la intención era magnificar desde un principio la propuesta. Infortunadamente para él y su ministra, esa estrategia no logró los fines perseguidos. Al contrario, dio paso a la prevención. A la ministra le quitó piso, y el primer mandatario perdió seriedad, credibilidad.
Es evidente que luego de promulgada la Ley 100 de 1993 el sistema de salud ha venido sufriendo cambios, buena parte favorables. Un ejemplo es la aprobación de la Ley 1751 de 2015 (Ley Estatutaria de la Salud), con la que la ministra Corcho estuvo comprometida. Y esa ley, quiérase o no, por su condición de estatutaria y por su contenido, constituye la estructura del nuevo sistema de salud, con el que hemos venido soñando los médicos. Por eso no se puede preterir ni pretender que la reforma que propone el Gobierno es original y estructural.
En su último artículo –el número 26– la Ley 1751 deroga las disposiciones que le sean contrarias, lo cual permite pensar que reformó la Ley 100. Siendo así, basta solo una ley reglamentaria de aquella para contar legalmente con un nuevo sistema de salud. Llevamos 8 años a la espera de ese toque final, pero no ha habido decisión política para hacerlo. La ministra está dejando pasar la oportunidad de que por fin se haga realidad una acertada reforma del sector sanitario. Si depusiera su pretensión de ser la gran reformadora y se concretara a presentar una ley ordinaria de carácter reglamentario cuyos términos hagan factible implementar la ley estatutaria, el tránsito para su aprobación no fuera tan pantanoso como han venido siendo sus propuestas. Por lo conocido, algunas de ellas son lógicas y necesarias, y concuerdan con el articulado de la ley estatutaria. Serían entonces de fácil aprobación, pues de hecho estarían blindadas por una ley de rango estatutario.
Al conocerse que las EPS podrían desaparecer, estas se han constituido en piedra de escándalo de la propuesta, lo cual pone de presente su importancia. En las encuestas tienen a su favor la simpatía de la mayoría de los derechohabientes del sistema. La experiencia muestra que las EPS se han comportado como un soporte del sistema y a la vez como factor de su desbarajuste. Si desde un principio el Estado, es decir, el Ministerio de Salud, no hubiera delegado en ellas algunas de sus funciones, es seguro que hoy no estuvieran cuestionadas. Es difícil imaginar que el sistema funcione sin su concurso. En el momento prestan servicios a 27 millones de usuarios. En el supuesto de que desaparezcan, el periodo de transición no solamente sería prolongado, sino también descuadernado.
La prudencia hace aconsejable que se revise el papel de esas entidades y se le hagan los ajustes necesarios. Advierto que no soy defensor de oficio de las EPS. Sucede que por haber sido espectador atento y usuario ocasional y satisfecho de ellas, tengo la impresión de que inteligentemente utilizadas serían parte imprescindible del sistema.
El Dr. Fernando Sánchez Torres es doctor en medicina y cirugía, con especialización en ginecobstetricia. Ha sido rector de la Universidad Nacional de Colombia, presidente de la Academia Nacional de Medicina y presidente del Tribunal Nacional de Ética Médica.
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