Los impuestos al tabaco, al alcohol, a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados no solo recaudan, sino que también pueden salvar vidas y aliviar presiones sobre el sistema. Algunos de estos gravámenes ya existen y deben ser ajustados; otros requieren implementación, por razones de salud pública.
Por Victoria Eugenia Soto*
La discusión actual sobre el sistema de salud colombiano suele quedar atrapada en la urgencia: deudas acumuladas, presupuestos insuficientes, tensiones entre aseguradores y prestadores, y pacientes que enfrentan barreras para recibir atención o terminan asumiendo más gastos de bolsillo. Esa coyuntura exige respuestas inmediatas.
Pero sería un error pensar que la solución se agota en cerrar el déficit del año. La crisis actual también obliga a mirar la sostenibilidad del sistema: cómo financiar, en el mediano y largo plazo, una demanda creciente de servicios de salud, asociada al envejecimiento de la población, al aumento de las enfermedades crónicas y a mayores necesidades de atención continua. En esa discusión, la búsqueda de fuentes adicionales no puede quedar por fuera.
Los impuestos selectivos al consumo deben ocupar un lugar en la discusión. Gravar productos como el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados es una medida con importantes aportes a la salud pública.
Su propósito fundamental no es solo recaudar, sino prevenir comportamientos que derivan en una alta carga de enfermedad. A través de ellos se modifican precios, se desincentivan consumos nocivos, se disminuyen desenlaces no deseables en salud y, al mismo tiempo, se generan recursos fiscales. No en vano son reconocidos como una de las herramientas más costo-efectivas.
La justificación es clara y contundente. El alcohol se asocia con una carga importante de enfermedad en Colombia: cerca de 10 mil muertes atribuibles directamente a su consumo en 2019 —alrededor del 4% del total de muertes ese año—, además de varios cientos de miles de años de vida ajustados por discapacidad. Esta carga se expresa, entre otras formas, en lesiones, violencias, accidentes de tránsito y enfermedades no transmisibles.
El tabaco no se queda atrás. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se estima que cerca de 35.000 personas fallecen cada año en el país por enfermedades relacionadas con el tabaquismo, con un costo elevado para el sistema de salud que supera los 17 billones de pesos.
Algo similar ocurre con la dieta. La calidad de la alimentación en Colombia es insuficiente y desigual: menos del 10% de la población cumple con el consumo de los cinco grupos de alimentos recomendados, y la ingesta creciente de ultraprocesados se vincula con obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Solo en diabetes, la población del régimen contributivo atendida entre 2013 y 2023 aumentó en 54%, y el número de atenciones y prestaciones registradas —incluyendo consultas, medicamentos, procedimientos e insumos— creció cerca de 150%. De ahí que no solo haya más pacientes, sino que cada uno termine usando más el sistema.
Estos impuestos también pueden inducir cambios en la industria. La evidencia reciente sobre ultraprocesados en Colombia muestra reducciones importantes en azúcar y sodio entre 2015 y 2024, lo cual sugiere que el paquete regulatorio —incluido el etiquetado y los impuestos— puede mover el mercado hacia productos menos dañinos. Esto no reemplaza la promoción ni el acceso a alimentos saludables, pero sí muestra que la política pública cambia incentivos.
Todos en la cama
Desde la perspectiva fiscal hay espacio para actuar. El diseño actual del impuesto al alcohol es heterogéneo y mantiene vacíos importantes: la cerveza paga un impuesto sobre el precio de salida de fábrica, mientras que las bebidas con menos de 2,5 grados de alcohol quedan por fuera al ser consideradas alimento y no bebida alcohólica. A su vez, otros licores y vinos tienen una estructura distinta, que combina componentes específicos y ad valorem (precio de salida de fábrica).
Un rediseño impositivo que amplíe la base gravable e iguale las reglas para todos los productos, con un componente específico por grado de alcohol y uno sobre el precio de venta al público, podría incrementar el recaudo entre siete y diez billones de pesos frente al diseño actual, según estimaciones del Banco Mundial y el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud, PROESA–Universidad Icesi.
La preocupación usual es que estos cambios afecten las finanzas territoriales. Pero la evidencia permite matizar ese argumento: los ingresos por bebidas alcohólicas han perdido peso en los presupuestos departamentales —de 12,4% en 2012 a 11,6% en 2024—, y un rediseño del impuesto selectivo a la cerveza podría aumentar los recaudos en todos los departamentos. El debate, entonces, no debería cerrarse por el temor fiscal, sino abrirse con mejores estimaciones, reglas claras y mecanismos de transición para los territorios.
Los impuestos saludables no resolverán la crisis actual del sistema. Pero dentro de las fuentes disponibles sí representan un camino posible: permiten ampliar el espacio fiscal, reducir presiones futuras sobre la atención en salud y alinear la política tributaria con objetivos sanitarios.
Para que sean legítimos, los recursos deben orientarse, verificablemente, a financiar la salud pública y la atención en salud en los territorios; no pueden diluirse en la lista amplia de necesidades departamentales. La crisis del sistema nos obliga a resolver la caja del corto plazo; la sostenibilidad nos invita a no ignorar las fuentes que, además de recaudar, pueden prevenir enfermedades.
*Economista, PhD en Ciencias de la Salud Pública, directora del Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (PROESA).
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