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Foro “Situación actual de la salud en Colombia. Del análisis a las soluciones inmediatas y de largo plazo”, organizado por la Comisión de Salud de la Academia Nacional de Medicina.
El Académico Dr. Roberto Esguerra actuó como moderador del cuarto panel con la participación de los doctores Marta Lucía Ospina, presidente ejecutiva de Mederi; Alejandro Gómez López, secretario distrital de salud; y Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas-ACHC.
El Dr. Esguerra tiene claro que en el sector salud todos coinciden en las bondades que ha tenido el sistema de salud actual, pero también reconocen que debe ser sometido a unos ajustes estructurales para garantizar su estabilidad en el largo plazo. Se propuso al grupo de panelistas plantear opciones para estos ajustes.
Inició la Dra. Ospina reconociendo que el momento histórico permite mirar hacia atrás y analizar el sistema de salud colombiano con sus aciertos y sus errores. Ahora, en este punto crítico producto de cambios parciales, agendas inconclusas y transformaciones demográficas inaplazables, la evolución del sistema se hace indispensable. Hoy, existe un predominio de enfermedades crónicas no transmisibles (>60%), aumento de la expectativa de vida y se ha cruzado la frontera a un índice de envejecimiento >60%, que nos convierte en un país envejecido. A este escenario se suma un modelo actuarial limitado para estimar la UPC (solo sexo y edad, con baja capacidad predictiva del 3%), aunque existen grandes bases de datos y capacidad, incluso con la ayuda de la IA, para migrar a modelos econométricos más precisos. Lo inesperado, señala, fue que a ese déficit estructural se añadió una crisis de caja, creando “una crisis dentro de otra”.
La Dra. Ospina propuso abordar por separado dos frentes, el financiero y el operativo. En el financiero, trabajar en tres líneas: (1) un plan de pago de la deuda vieja (punto final 2.0) para aclarar cifras, sincerar estados financieros y recuperar la confianza; (2) detener la acumulación de deuda corriente urgente; y (3) mejorar y transparentar el gasto evitando desperdicio, fortaleciendo la gestión y promoviendo alianzas público-privadas que potencien capacidades administrativas y operativas del sistema, especialmente del sector privado apoyando al público.
En lo operativo, enfatizó que el país no es “plano” y requiere diferenciar modelos de atención urbana y rural. Plantea rediseñar redes de prestación de “arriba hacia abajo”, pues la realidad es que hay miles de IPS, pero muy pocos hospitales y hospitales universitarios acreditados. Desde allí debería proyectarse la redistribución como gestores de red, para construir rutas especializadas viables y eficientes. En el área rural, fortalecer la telemedicina, entrenar a las personas locales para mejorar sus competencias y usar la IA para ayudar en los diagnósticos, supliendo, aunque sea en parte, la falta de infraestructura que es real. Además, ve necesario crear sistemas de transporte integrado para garantizar el acceso de la población periférica a servicios de alta complejidad inexistentes localmente.
El Dr. Gómez resaltó que la reforma en salud debe priorizar la recuperación de la confianza y de las formas de diálogo, hoy quebradas por el trato hostil entre actores, para poder alcanzar acuerdos sostenibles. El país requiere, un estudio actualizado integral que permita entender el perfil actual de la población.
En la priorización estructural, planteó un cambio filosófico: migrar de un sistema centrado en el acceso a servicios hacia uno basado en el cuidado integral de enfermedades crónicas no transmisibles, evaluando resultados por bienestar y reducción de mortalidad, no por volumen de atenciones. El Dr. Gómez defiende un nuevo pacto social con un plan de beneficios explícito y sostenible, apoyado en un sistema único de información público, transparente y con vigilancia continua de tecnologías de alto costo. Finalmente, rechaza el modelo actual de EPS intervenidas como “cajas negras” sin supervisión técnica, señalando que deterioran la gobernanza, alimentan la crisis y representan un remedio peor que la enfermedad.
El Dr. Giraldo planteó que la reforma en salud debe partir del reconocimiento ineludible de las fuerzas que determinan la sostenibilidad: demografía y epidemiología, ambas avanzando independientemente del diseño del sistema. Advierte que más del 75% de la carga de enfermedad en Colombia es cronicidad (incluyendo comorbilidades, salud mental, dolor crónico, violencia y accidentalidad), mientras actores, academia y prestadores siguen centrados en modelos para atender agudos. Esto, junto con la postransición demográfica anticipada (baja natalidad, altos índices de envejecimiento y tasas de reemplazo previstas para 2040 ya alcanzadas), exige virar hacia un sistema de atención prolongada y cuidados continuos, que priorice cuidar la población y mantener bienestar para evitar hospitalizaciones, no generarlas por barreras sino por salud integral.
En el frente de financiación y beneficios, cuestionó la reducción del debate a la UPC y llama a elevar la discusión al gasto total en salud como % del PIB (actualmente <9%, por debajo de países desarrollados), proponiendo una senda de expansión de 1–2 puntos del PIB apalancada en un rediseño tributario que incluya impuestos compensatorios por impactos nocivos (apuestas, sustancias, ludopatía), y resolver la dualidad impuestos a la nómina vs. generales. Propone revisar con consenso el Plan de Beneficios para integrar componentes hoy incontrolables como presupuestos máximos. Finalmente, subraya que la UPC debe ser diferencial, progresiva y actualizada, dando señales de política pública: el 27% de la cronicidad inicia en niñez y adolescencia, pero el sistema gasta insuficiente en esas franjas, lo que lleva a “poblaciones abandonadas” que retornan décadas después con pluripatologías, comprometiendo la sostenibilidad y profundizando la crisis.
Frente a la continuidad de un sistema con participación público-privada, los panelistas coinciden en que la articulación público-privada debe mantenerse como base del desarrollo, al considerarla un debate anacrónico y un falso dilema, pues la prestación en Colombia ya es de facto mayoritariamente privada (aprox. 90% vs. 10% pública) y funciona como una alianza que hay que cuidar. También subrayan que ningún extremo puro es conveniente: los modelos puramente privados llevan a monopolios y los puramente públicos a ineficiencias y clientelismo, por lo que la combinación equilibrada y colaborativa es fundamental.
Respecto al aseguramiento, los panelistas defendieron su continuidad como un mecanismo de ordenamiento irrenunciable en la gestión de recursos y representación del paciente. Aunque reconocen que el aseguramiento “se siniestró” y se fracturó generando desbalances y pérdida de confianza, esto no justifica eliminarlo, sino ordenarlo, reconstruirlo con transparencia (números abiertos o libros abiertos), gobernanza técnica y supervisión clara, para que deje de operar como “caja negra”. Asimismo, plantean que la prima de aseguramiento debe excluir la promoción y prevención, porque estas dependen de los determinantes sociales del bienestar, responsabilidad que tendría mayor lógica si la lidera el nivel presidencial e involucra otros sectores, mientras la prestación y la gestión de riesgo se armonizan en contratos y modelos que midan resultados en valor y bienestar colectivo.
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Intervenciones en:
SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD EN COLOMBIA | DEL ANÁLISIS A LAS SOLUCIONES URGENTES Y DE LARGO PLAZO
Nota. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina
