Foro “Situación actual de la salud en Colombia. Del análisis a las soluciones inmediatas y de largo plazo”, organizado por la Comisión de Salud de la Academia Nacional de Medicina.
El exministro de salud y Académico Honorario Dr. Augusto Galán actuó como moderador del segundo panel con la participación de los doctores Luis Jorge Hernández, director de la maestría de salud pública de la Universidad de los Andes, Juan Pablo Rueda, presidente de salud de Keralti, y María Cristina Lesmes, secretaria de salud del Valle.
El Dr. Galán considera que el sistema de salud ya era frágil, con un equilibrio financiero inestable y creciente dificultad de acceso, debido a que la demanda de servicios aumentó mucho más rápido que la oferta, la cual no se desarrolló al mismo ritmo. La estrategia del gobierno de intervenir a las entidades que gestionan la demanda no resolvió la oferta; por el contrario, profundizó sus fallas y elevó las barreras y retrasos de acceso, llevando al sistema a una crisis comparable con un paciente en UCI, que requiere medidas urgentes de estabilización.
A este grupo de panelistas le correspondía plantear acciones inmediatas para buscar la estabilización del sistema de salud. El Dr. Rueda propuso crear de forma temprana una instancia legítima de análisis para clarificar la crisis del sector salud, dado que las cifras actuales son ambiguas y contradictorias. Esta mesa debería incluir gobierno, academia, gremios e incluso organismos internacionales, con el fin de producir información objetiva para decisiones rápidas. Sus primeras tareas serían: (1) estimar con rigor la magnitud real del déficit financiero y (2) definir un modelo equitativo de asignación de recursos que considere prevalencias de enfermedad y no solo edad o geografía, pues existen fuertes inequidades entre aseguradores y operadores.
Como segundo eje, planteó proteger la liquidez de la red prestadora, incluyendo atención primaria y trabajadores de salud. El cálculo del déficit permitiría un reconocimiento oficial y habilitar mecanismos de financiación que restauren la confianza y el ánimo de continuidad del sistema. En paralelo, propuso una focalización nominal urgente: identificar las poblaciones más vulnerables (pacientes oncológicos, crónicos y grupos en riesgo) mediante fuentes como la Cuenta de Alto Costo, para hacer seguimiento prioritario y evitar interrupciones en tratamientos, deterioro de salud y muertes prevenibles.
Se debe resguardar la función de agencia del sistema, el rol que orienta al usuario en la red y gestiona el riesgo, más allá de qué entidad lo ejecute en el futuro. Esta capacidad se está perdiendo, especialmente en EPS intervenidas, incluida la Nueva EPS, que concentran a cerca de la mitad de los colombianos. Por ello, sugiere un apoyo técnico entre aseguradores con mejor capacidad de gestión para acompañar a las EPS que han deteriorado sus competencias, con el fin de sostener la operación y la gestión del riesgo mientras se define el modelo estructural del sistema.
La Dra. Lesmes considera que el país requiere urgentemente unidad de criterio y cooperación entre todos los actores para reconocer con claridad la crisis del sistema de salud, que tiene un componente financiero profundo no admitido por el Estado, causando muertes por desatención e interrupción de tratamientos, tanto en enfermedades de alto costo como en patologías prevalentes sin atención oportuna. También propuso la definición de límites a un plan de beneficios que hoy es ilimitado e insostenible, buscando que sea financieramente viable según la realidad económica del país.
La segunda acción urgente es el reconocimiento y pago de la deuda, mediante mecanismos como bonos del gobierno, tanto de cartera no corriente como de la deuda corriente acumulada en 2025. Solo en el Valle del Cauca, sin una medición exhaustiva, la deuda llega a cerca de 5 billones de pesos con 330 días de atraso, lo que deteriora la prestación de servicios y agrava la salud de la población.
En el Valle del Cauca, han surgido prestadores pequeños con contratos a tarifas irregulares que no fortalecen, sino que rompen la red existente, afectando lo público y generando dispersión de la oferta. Es necesaria una medición real de suficiencia de red con participación público-privada y transparencia en costos. A mediano plazo, propone incluir desde abril o mayo de 2026 un plan de gobierno transitorio con metas financieras claras, transparencia, datos abiertos y un pacto de honor entre prestadores para recuperar la confianza, reducir duplicidades y enfrentar la corrupción.
El Dr. Hernández planteó que la Ley 100 de 1993 definió tres principios para el sistema de salud: eficiencia, equidad y calidad, y estos se cumplieron inicialmente con mejoras en los indicadores, acceso y menor gasto de bolsillo, aunque luego el sistema entró en crisis, reconocida por la sentencia T-760 de 2008 que dio origen a la Ley Estatutaria como camino de ajuste. Frente a la crisis reciente, el Gobierno tuvo tres opciones: cambios graduales, transición o ruptura, y eligió la ruptura, lo que ha generado un desgaste institucional que lleva 3.5 años, sin desarrollar la Ley Estatutaria, pese a que la atención primaria y los modelos integrados ya estaban contemplados en esta normativa.
Las intervenciones del gobierno buscaron eliminar el aseguramiento, rol clave para la gestión del riesgo individual, operativo y financiero, proponiendo avanzar hacia un sistema estatizado, lo que profundizó la fragmentación y deterioró la confianza. Aunque el diagnóstico oficial anterior señaló problemas como segmentación, corrupción y pérdida de autoridad sanitaria, la respuesta fue desmantelar el esquema mixto público-privado, afectando a los pacientes y debilitando aún más al sistema.
Los escenarios de salida considerados por el Dr. Hernández podrían incluir un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado por la Corte Constitucional, similar al de 2008, y un plan de choque del gobierno, que se percibe poco viable por falta de disposición a ceder. Dado que el daño ya está hecho y el tiempo restante del mandato es corto, la opción más viable planteada es que la Corte declare el ECI por la afectación grave del derecho a la salud, que impulse un plan de contingencia construido con todos los actores.
Los participantes en el panel expresaron su preocupación porque la UPC se ha calculado sin rigor técnico y con rezagos no medidos -envejecimiento poblacional, aumento de siniestralidad, mayor carga de enfermedades de alto costo y crónicas y adopción de tecnologías biomédicas- mientras los ponderadores por edad llevan más de 10 años sin ajuste. También alertan sobre la consideración del gobierno sobre la “suficiencia” de la UPC, basándose en incrementarla solo por IPC, ignorando que la insuficiencia real de la UPC generó desfinanciación y aumento de deuda en 2025, y que las mesas de cálculo convocadas por el Ministerio fueron metodológicamente inadecuadas. Finalmente, plantean que la UPC debería calcularse con participación externa, plural y transparente, evitando que el Ministerio sea juez y parte, para lograr un valor viable y equitativo que realmente refleje el costo de la atención en salud.
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Intervenciones en: https://www.youtube.com/watch?v=_7486hlAmi4
Artículo. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina
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