Órgano consultor del Gobierno Nacional en temas de  Salud y  Educación Médica. Creada por Ley 71/1890, ratificada por Ley 86/1928, Ley 02/1979, Ley 100/1993.

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En ginecología y obstetricia, las decisiones suelen ser controvertibles porque involucran la vida, la salud y la autonomía de la mujer o persona gestante. El Dr. Herman Redondo, presidente del Tribunal Nacional de Ética Médica y académico, resalta la importancia de actuar siempre dentro del marco legal; no obstante, los vacíos normativos han obligado a decisiones médicas que deberían provenir del Congreso. Aún así, la Corte Constitucional ha ido resolviendo problemas éticos y jurídicos mediante sentencias que orientan la práctica clínica.

En el caso de la interrupción del embarazo, la OMS y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia ubican el límite para esta interrupción en la semana 22 o los 500 gramos de peso fetal. Las definiciones establecidas por la organización permiten diferenciar entre aborto, pérdida gestacional, parto prematuro o parto a término. Con la evolución jurídica en Colombia, surge un concepto distinto: la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), reconocida como derecho fundamental desde la sentencia C-355 de 2006, aplicable incluso más allá de la semana 22 en determinadas circunstancias médicas.

El consentimiento informado se presenta como un elemento central en la IVE: la decisión recae exclusivamente en la gestante, quien debe recibir información veraz, amplia y comprensible. El médico no debe influir ni imponer valores, sino informar y respetar la decisión final. A la vez, se aclara que la Corte no obliga ni a la gestante a abortar ni al médico a practicar el procedimiento, pues este último puede ejercer la objeción de conciencia, siempre entendida como un derecho personal y no institucional.

El texto repasa las principales causales de despenalización establecidas en 2006: riesgo para la vida o salud física o mental de la mujer, malformación fetal inviable y embarazo producto de violencia sexual, inseminación no consentida o incesto. También se explican desarrollos normativos posteriores, como la obligación del sistema de salud de garantizar la IVE de manera oportuna, los plazos para su realización, la autonomía de menores de edad para decidir y la ampliación del término para aborto libre hasta la semana 24 según la sentencia C-055 de 2022.

El Dr. Redondo sugiere fortalecer políticas públicas de educación sexual, acceso a anticoncepción y prevención del aborto inseguro e insiste en que, en todos los casos, debe respetarse el consentimiento informado y la autonomía profesional del médico.

En medicina reproductiva, también hay dilemas éticos. El Dr. Juan Carlos Mendoza, coordinador del comité de salud sexual y reproductiva de la Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología,  recuerda el dilema surgido cuando fue posible obtener un embrión humano fuera del cuerpo. La infertilidad, considerada hoy casi una epidemia que afecta entre el 10 y el 15% de la población, combina dimensiones biomédicas y psicosociales que requieren intervenciones quirúrgicas, médicas y de laboratorio. Aunque estos tratamientos se enfrentan a dilemas éticos, en general resultan más manejables porque involucran a ambos miembros de la pareja y se basan en criterios clínicos para decidir qué hacer y también qué no hacer.

Existen tratamientos de baja y alta complejidad, aunque la denominación “baja complejidad” es inadecuada, pues toda intervención in vivo es altamente compleja. La fertilización in vitro ha avanzado notablemente: hoy es posible cultivar embriones hasta el quinto día y realizar numerosos ciclos en todo el mundo, aunque las tasas de éxito continúan siendo limitadas. A pesar de los avances tecnológicos, solo entre dos y cuatro de cada diez mujeres logran embarazo por ciclo, motivo por el cual se introdujo la tasa acumulativa de embarazo, que intenta mostrar mejores probabilidades, aunque para la paciente el resultado siempre es simple: se embaraza o no.

La criopreservación se presenta como una herramienta relevante, especialmente para mujeres con condiciones médicas que podrían comprometer su fertilidad futura. Sin embargo, cuando se usa por elección personal, aparecen dilemas éticos, pues se ha convertido en una práctica “de moda” que genera ansiedad y expectativas poco realistas. Aunque la congelación de óvulos aumenta las posibilidades futuras, no constituye un seguro de embarazo y todavía se desconocen los efectos a largo plazo, incluso transgeneracionales. Además, solo un pequeño porcentaje de las mujeres que almacenan óvulos regresa para utilizarlos.

Otro componente complejo es el manejo de embriones, su diagnóstico y la expansión del concepto del “embrión como paciente”. Hoy existen usos diversos: preservación para tratamientos, selección genética y planificación familiar. Se han introducido prácticas altamente controversiales como seleccionar embriones según predictores de salud o longevidad, o generar embriones para ser usados años después del proyecto reproductivo original. También se agregan desafíos derivados de la participación de terceros en la reproducción —donantes, gestantes, donantes de mitocondrias—, especialmente en mujeres de edad avanzada, donde las opciones reproductivas se amplían, pero las implicaciones psicológicas, sociales y éticas se profundizan.

Las desigualdades normativas en el mundo son evidentes y se hace necesario establecer  marcos regulatorios más sólidos. Las legislaciones difieren ampliamente en temas como donación, gestación subrogada, edad máxima y acceso de parejas diversas o personas trans. Ante este panorama, lo técnicamente posible no siempre es científicamente, médicamente o éticamente aceptable. Las decisiones deberían filtrarse a través de la empatía, la experiencia clínica y la comprensión del contexto cultural y emocional de cada paciente, pues la ciencia, al resolver un problema, puede crear muchos más. Entonces el juicio ético sigue siendo insustituible.

El Dr. Saulo Molina Giraldo, director del programa de especialización en medicina materno-fetal de la FUCS, señala que la gestación plantea múltiples conflictos éticos derivados del diagnóstico prenatal y de la consideración del feto como paciente. Las tecnologías utilizadas permiten identificar riesgos y, en algunos casos, corregirlos mediante terapia o cirugía fetal, lo que introduce dilemas sobre la autonomía y la toma de decisiones. La autonomía materna sigue siendo el principio rector, pues cualquier intervención sobre el feto ocurre a través del cuerpo de la madre, quien conserva la prioridad en las decisiones clínicas.

Los principios de beneficencia y no maleficencia obligan a evaluar cuidadosamente los riesgos de cada procedimiento, especialmente en escenarios como el parto pretérmino o las cirugías fetales invasivas, cuyo beneficio puede ser limitado frente a la posibilidad de complicaciones graves. El acceso equitativo a la atención obstétrica de alto riesgo es otro desafío ético, dado que estos procedimientos son costosos y no siempre están disponibles en condiciones de igualdad.

La comunicación clara y transparente es esencial para un consentimiento informado auténtico. El médico debe explicar no solo el procedimiento, sino también la incertidumbre inherente al diagnóstico prenatal y a la medicina fetal, donde la evidencia científica suele ser limitada debido a dificultades éticas y metodológicas para realizar estudios controlados. Además, la paciente debe tener control sobre quién recibe información sobre su embarazo, evitando la divulgación indiscriminada propia de escenarios sociales como las ecografías múltiples.

El estatus del feto como paciente implica reconocer oportunidades terapéuticas, pero también evitar intervenciones desproporcionadas impulsadas por el ego profesional o por la presión tecnológica. Ejemplos como la cirugía fetoscópica, el manejo de malformaciones urinarias o la transfusión fetofetal muestran que los beneficios pueden ser significativos, pero también que los riesgos maternos y la posibilidad de secuelas o pérdidas fetales exigen una evaluación ética rigurosa y protocolos responsables.

Anota el Dr. Molina que  la relación madre-feto-médico debe basarse en empatía, respeto y humanización, asegurando que las decisiones clínicas estén guiadas por la ética y no solo por la técnica. 

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Intervenciones en: FORO: ÉTICA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

Artículo. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina

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