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Foro “Situación actual de la salud en Colombia. Del análisis a las soluciones inmediatas y de largo plazo”, organizado por la Comisión de Salud de la Academia Nacional de Medicina.
El Académico Dr. Ramón Abel Castaño actuó como moderador del tercer panel. Este grupo contó con la participación de los doctores Francisco Yépes, doctor en salud pública; Herman Redondo, miembro de la Academia Nacional de Medicina y del Tribunal Nacional de Ética Médica; Nelson Alvis, líder en estudios de economía de la salud en la Universidad de Cartagena; y Jairo Humberto Restrepo, líder en la Universidad de Antioquia de los programas de Economía de la Salud.
Para el Dr. Castaño, en tiempos de crisis entre más profunda sea la crisis, más decisiones drásticas se pueden tomar, lo que sería difícil si las cosas funcionan a media marcha, especialmente en dos frentes: la priorización explícita, que implica reconocer los límites del derecho a la salud y garantizar un plan de beneficios sostenible, y la evolución de los modelos de prestación para lograr un uso eficiente de los recursos; en ambos casos, destaca que la toma de decisiones de los médicos tiene un impacto decisivo en la distribución del gasto y que la responsabilidad de mejorar la eficiencia no recae solo en el médico, sino también en todo el sistema y la organización que soporta la prestación de los servicios de salud.
Sobre el mismo tema, el Dr. Redondo recuerda que la idea de un plan de salud con cobertura amplia no nació con el artículo 15 de la Ley Estatutaria de Salud, sino con la Ley 100 de 1993, que fijó la meta de “todo para todos” para el año 2000, pero no se cumplió; luego, la sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional exigió cumplir ese mandato, y la Ley Estatutaria solo lo ratificó, aclarando que todo está incluido salvo lo explícitamente excluido mediante criterios técnicos, democráticos y científicos.
La autonomía médica del artículo 17, entendida con límites como la ética, la evidencia científica, la autorregulación y la racionalidad, recordó que el médico debe prescribir el mejor tratamiento para el paciente según las circunstancias, no el más costoso ni el más barato, pues las decisiones inadecuadas generan sobrecostos y afectan la eficiencia del gasto en salud, una responsabilidad que no es solo individual, sino también del sistema de prestación que respalda su ejecución.
Para el Dr. Yepes, superada la crisis actual con un eventual plan de choque, es clave reconocer y defender las fortalezas del sistema colombiano (solidaridad basada en la UPC y un sistema de compensación, alta protección financiera, bajo gasto de bolsillo y cobertura real de servicios), sin destruirlas, pero avanzando hacia mayor equidad, considerando la alta desigualdad del país y los determinantes sociales responsables de dicha inequidad; por ello, propone un acuerdo nacional transparente sobre los límites sostenibles del plan de beneficios, construido de forma pública y con control social.
El Dr. Restrepo propone que la discusión sobre priorización y eficiencia en salud se enmarque en la gobernanza, entendiendo la eficiencia de forma amplia, no solo en la prestación, aunque esta sea central por el consumo de recursos. Plantea como urgente un informe de cuentas claras que, con participación de todos los actores y liderazgo del gobierno, defina la deuda real del sistema, quién debe a quién y un mecanismo transparente de pago, junto con una instancia de gobernanza transitoria y multinivel que incluya a los territorios y recupere la deliberación en un espacio legítimo, evitando que los debates se desplacen a la calle, el lobby o la prensa. También señala la necesidad de una veeduría independiente para evaluar la gestión del gobierno en las EPS intervenidas, que hoy concentran más del 50% de la población.
El Dr. Restrepo identifica en el literal D del artículo 15 de la Ley Estatutaria un posible punto de salida si se redefine el concepto de “autoridad competente”, pues hoy se asume que basta el registro del INVIMA para que una tecnología sea financiable, incluso si es muy costosa y de alto impacto presupuestal. Por ello, plantea fortalecer el rol del INVIMA o crear otra instancia que, incluso con control judicial, autorice específicamente el uso con recursos públicos, estableciendo filtros y criterios para tecnologías de costos extremos.
El Dr. Alvis advierte que el sistema ha profundizado el modelo flexneriano que reduce el rol del médico general a simple puerta de entrada hacia la especialidad, cuando el marco legal (Leyes 1122 y 1438) buscaba fortalecer la capacidad del médico general y comunitario. Señala como reto de mediano plazo repensar la formación médica frente a la irrupción de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, que impulsarán inevitablemente la medicina de precisión, seguramente a mayores costos. Se hace necesario revisar el inventario tecnológico hospitalario y su distribución equitativa, garantizando acceso en regiones apartadas donde la falta de tecnología, como ocurrió en el Amazonas durante la pandemia, incrementó la letalidad.
Los panelistas coinciden en que la reforma debe priorizarse desde la gobernanza, empezando por restablecer la confianza entre los actores del sistema, hoy en modo supervivencia por la crisis financiera. Señalan como paso urgente un plan de choque inmediato para transparentar las cuentas, aclarar la deuda (“quién debe a quién”) y construir un acuerdo de pago tipo punto final 2.0, como lo ha propuesto la Academia y el Grupo de Acuerdos Fundamentales, que siente bases de una cultura permanente de rendición de cuentas.
También destacan que el gasto en salud es inevitablemente creciente y no puede permanecer desbordado, por lo que la academia y las sociedades científicas deben liderar un diálogo amplio (incluso de un año o más) con pedagogía social y sustento jurídico para reconocer límites al derecho y definir reglas realistas y sostenibles en el tiempo.
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Intervenciones en:
SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD EN COLOMBIA | DEL ANÁLISIS A LAS SOLUCIONES URGENTES Y DE LARGO PLAZO
Nota. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina
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