Las etiquetas de advertencia en bebidas y productos comestibles, ultraprocesados, hacen parte de nuestra vida cotidiana, pero ¿sabemos realmente qué efecto están teniendo? Varias investigaciones buscan responder esta y otras preguntas como parte del desafío de generar evidencia rigurosa sobre alimentación y nutrición, un campo que en Colombia, por fin, está logrando sus propias respuestas y que necesita más apoyo para seguir haciéndolo.
Por Mercedes Mora Plazas*
¿Los sellos negros que encontramos hoy en los empaques están cambiando la manera como elegimos nuestros alimentos?, ¿los entendemos?, ¿han llevado a la industria a modificar sus productos?
Estas son algunas de las inquietudes que, desde hace varios años, ocupan buena parte de mi trabajo de investigación junto con un equipo interdisciplinario liderado por la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos, con la participación de la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia.
¿Por qué necesitamos hacernos estas preguntas? Porque enfrentamos una transformación silenciosa, acelerada y reciente de nuestra alimentación. Los alimentos sin procesar han acompañado la evolución humana durante millones de años. Frutas, verduras, leguminosas, cereales, carnes, huevos, leche y agua fueron la base de nuestra alimentación.
La irrupción masiva de los ultraprocesados, en cambio, es un fenómeno mucho más reciente. Desde la década de 1980, Colombia ha experimentado un aumento sostenido en la disponibilidad de productos empacados, listos para consumir, de larga duración y ampliamente promocionados.
Muchos contienen cantidades elevadas de azúcar, sodio y grasas, además de colorantes, saborizantes y otros aditivos artificiales utilizados para potenciar su sabor y consumo. Pero nuestro organismo no está diseñado ni preparado biológicamente para procesar la ingesta masiva de estos productos que hoy dominan buena parte de las góndolas de los supermercados. Estamos, en términos históricos, en medio de un experimento nutricional a gran escala que representa un gran desafío para la salud pública.
Su consumo habitual incrementa el riesgo de obesidad y de la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y patologías cardiovasculares, siendo esta última la principal causa de muerte en Colombia asociada principalmente con la ingesta de sodio. Asimismo, la evidencia es cada vez más consistente en vincular este consumo con depresión, ansiedad, algunos tipos de cáncer y enfermedad inflamatoria intestinal.
En México, por ejemplo, está bien documentado que en 1980 el siete por ciento de la población era obesa. No obstante, tras la avalancha de productos ultraprocesados importados que ingresaron a los hogares mexicanos por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, esa cifra se triplicó al 20,3% en 2016.
Los datos disponibles para Colombia son una señal de alarma. La más reciente Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN 2015) encontró que el 56 % de los adultos presentaba exceso de peso. La situación también afectaba al 24,4 % de los adolescentes entre 13 y 17 años y al 17,9 % de los escolares entre 5 y 12 años. Urge una nueva ENSIN para conocer cómo ha evolucionado este panorama, que parecería más desalentador dado el crecimiento sostenido de la compra y venta de ultraprocesados.
Frente a esta realidad, Colombia avanzó en una política que ya resulta familiar para todos: el etiquetado frontal de advertencia, que desde 2022 alerta, a través de sellos negros octogonales, sobre el exceso de azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas trans y presencia de edulcorantes (que también han sido implementados en Perú, Uruguay, Chile, México y Argentina, entre otros países). Ese año también se aprobó el impuesto a las bebidas azucaradas y a determinados ultraprocesados, los llamados impuestos saludables.
En los últimos años, varios investigadores de las universidades mencionadas publicamos estudios realizados con muestras representativas de colombianos sobre el etiquetado, con el fin de apoyar la implementación de estas medidas. En 2019, una investigación encontró que aproximadamente el 80% de los productos ofertados en supermercados en Bogotá deberían ser regulados.
En 2020, otra investigación reportó que los colombianos seleccionaron el sello de advertencia octogonal como el más efectivo para disuadirlos de consumir un producto con alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas, frente a los sellos circular y triangular. Resultados similares se reportaron en 2024 en otro estudio que concluyó que los sellos octagonales son una herramienta prometedora de salud pública: frente al etiquetado de Nutri-Score y a la ausencia de sellos, ayudaron a identificar de manera consistente cuando un producto tenía exceso de azúcar y a expresar una menor intención de comprarlo; además, fueron percibidos como el sistema más disuasorio para no consumirlo.
Actualmente, estamos evaluando la efectividad de ambas medidas (sellos e impuestos) en relación con las ventas de los productos regulados como indicador de la decisión de compra a nivel nacional, y los cambios en el contenido y en las estrategias de mercadeo de estos productos.
De momento, está en preimpresión un estudio económico sobre el efecto, entre 2022 y 2024, del etiquetado de advertencia y los impuestos saludables en el mercado laboral de los sectores directa e indirectamente afectados por las medidas; nuestras evaluaciones señalan que no hay consecuencias negativas sobre la disminución de empleo o menores salarios atribuibles estrictamente a estas medidas.
Y en el mediano plazo, presentaremos las conclusiones de otras dos investigaciones: una sobre el conocimiento, las percepciones y las actitudes de padres, madres y cuidadores hacia los ultraprocesados y alimentos y bebidas saludables; y otra sobre los procesos de incidencia política y mediática que condujeron a la adopción e implementación de esta regulación.
Las medidas son necesarias, pero su mayor efectividad depende de que la ciudadanía las comprenda, las utilice y las incorpore en sus decisiones cotidianas, algo que demanda pedagogía sostenida. Además, deben complementarse con otras acciones: promover entornos alimentarios saludables, fortalecer los mercados locales y regular la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, quienes siguen siendo el blanco predilecto de estrategias comerciales diseñadas para incentivar el consumo frecuente y excesivo.
Colombia posee una biodiversidad extraordinaria y una riqueza alimentaria que pocos países pueden igualar. Aprovechar ese potencial exige recuperar el valor de los alimentos y entender que una alimentación saludable no es un privilegio de quienes pueden pagarla, sino un derecho que el Estado está llamado a proteger.
Necesitamos investigar mucho más en nutrición, que ha sido, durante demasiado tiempo, un campo relegado en la agenda científica colombiana; terreno fértil para la especulación, las dietas de moda y la desinformación que circula con más fuerza que cualquier evidencia revisada por pares.
Por eso celebro que la Academia Nacional de Medicina haya incluido, por primera vez, la categoría de nutrición en los Premios ANM a la Investigación Científica 2026. Es un reconocimiento necesario a una disciplina que debe fortalecerse para convertir ese conocimiento en salud y cerrar brechas sociales.
* Nutricionista Dietista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Nutrición Humana de la Universidad de Londres y en Fisiología de la Universidad Nacional de Colombia, institución de la que es profesora emérita y miembro del Grupo de Investigación Alimentación y Nutrición. Investigadora sénior de MinCiencias y actual directora de la Fundación para la Investigación en Nutrición y Salud.