Cumplimiento de la Ley Estatutaria en Salud

Intervención del Dr. Herman Redondo Gómez. Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina. Presidente del Tribunal Nacional de Ética Médica

En medio del debate nacional sobre la reforma a la salud, surge un llamado profundo y ético hacia el cumplimiento de la Ley Estatutaria en Salud. Una norma nacida en la Academia y liderada por reconocidos expertos médicos. Esta ley, fruto de la reflexión colectiva del Grupo de Acuerdos Fundamentales, consagra el derecho a la salud, que es autónomo, sagrado, irrenunciable e independiente. Durante su discusión en el Congreso, la sostenibilidad financiera fue el eje de muchos cuestionamientos, pero la Corte Constitucional dejó claro que ningún argumento fiscal puede prevalecer sobre la garantía de los derechos fundamentales. Colocando en el Estado —cualquiera que sea el gobierno de turno— la obligación de proveer los recursos necesarios.

Al analizar el camino recorrido desde la Ley 100 de 1993, es evidente que el sistema de salud ha atravesado múltiples transformaciones legales. Aunque existen avances, también persisten profundas debilidades. Las reformas posteriores —como la Ley 1122, la 1164, la 1438 y la misma Ley Estatutaria— han intentado corregir errores estructurales, pero no han logrado eliminar del todo las fallas. A pesar de logros en términos de protección financiera, preocupa el aumento del gasto de bolsillo, que ha subido más de un 5% entre 2023 y 2024, según el DANE. Esto evidencia que cualquier reforma debe partir de las fortalezas existentes y enfocarse en atender las falencias que debilitan el sistema.

La noción de “crisis” en el sector salud ha sido una constante. Antes de la Ley 100, septiembre era sinónimo de hospitales desfinanciados. Hoy, el país enfrenta una incertidumbre mayor: jurídica, técnica y política. La ética, que debería guiar el rumbo del sistema, se ve arrinconada. Cuando en realidad los principios bioéticos —beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía— deben prevalecer, tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud, cuya autonomía está garantizada en la Ley Estatutaria.

Más allá de la falta de recursos, el problema también radica en su gestión ineficiente. Se ha descuidado la atención primaria y la promoción de la salud, mientras la corrupción desvía fondos valiosos. La Corte Constitucional ha denunciado la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), con siniestralidades (relación entre los costos de los servicios de salud prestados y los ingresos que recibe) que en algunas EPS superan el 100%.

Además, el incremento de la UPC para este año ha sido menor que el del salario mínimo, erosionando el equilibrio financiero. La migración de servicios desde presupuestos máximos a la UPC, junto con los efectos de la pandemia y el envejecimiento poblacional, ha incrementado la presión sobre el sistema. Las cifras de tutelas y quejas han alcanzado niveles récord, con más de 260.000 tutelas en salud durante el último año.

La deuda hospitalaria sigue una tendencia creciente. Las EPS liquidadas —más de cien a lo largo de la historia— dejan a su paso tratamientos interrumpidos, prestadores sin pago y trabajadores desempleados.

Además, las condiciones laborales del personal en las IPS públicas reflejan una situación preocupante: más del 70% del personal está tercerizado mediante figuras como contratos sindicales, cooperativas de trabajo asociado, contratos de prestación de servicios y otras, que precarizan el trabajo.

El drama humano que esto representa se refleja en enormes filas de pacientes, muchos de ellos trasplantados, rogando por sus medicamentos. Esta situación es, en esencia, profundamente antiética.

La salida exige retomar el diálogo social y técnico, lejos de la polarización y el lenguaje destructivo. El proyecto de ley 135 de 2024, construido desde el Grupo de Acuerdos Fundamentales tras la caída del proyecto 339 de 2023, ofrece propuestas concretas. Entre ellas, actualizar el cálculo de la UPC. Con una revisión a profundidad, incluso con la participación de un organismo independiente que esté en la capacidad de hacer un estudio de suficiencia de la UPC con proyecciones a futuro.

Liberar las reservas técnicas, que son provisiones financieras que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) deben constituir para asegurar el pago de servicios de salud, tanto los ya facturados como los pendientes por facturar, incluyendo los gastos administrativos asociados. Sincerar las cifras financieras entre EPS e IPS, para determinar realmente cuánto se le debe a cada uno y plantear así un “acuerdo de punto final”. Históricamente, las cuentas por cobrar de los prestadores no suelen coincidir con las cuentas por pagar de los aseguradores y sigue habiendo una disparidad entre unas cifras y otras.

También se plantea la destinación específica de los impuestos saludables al sector salud, que ya generan cerca de 3 billones anuales, y cuyo uso debe ser exclusivo para fortalecer el sistema.

Para el Dr. Redondo, la verdadera reforma no puede ser improvisada ni nacida de intereses políticos. Debe partir de la aplicación plena de la Ley Estatutaria en Salud, que ya establece los principios, derechos y mecanismos necesarios para construir un verdadero sistema de salud. Con atención primaria fortalecida, condiciones laborales dignas, política farmacéutica justa, información precisa y respeto a la autonomía profesional. Son 23 organizaciones médicas unidas en esta causa; la propuesta busca una transformación ética, estructural y sostenible que devuelva la dignidad al sistema de salud colombiano.

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Intervención en: ICEB – ESTADO ACTUAL DE LA SALUD: PROSPECTIVAS ÉTICAS

Nota. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina

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