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Publicado en el No. 12 de la Revista ¿Qué universidad queremos?, una publicación periódica del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle, que se propone divulgar la producción intelectual orientada a la reflexión crítica sobre la universidad colombiana y, particularmente, de esta universidad.
Por Carolina Corcho Mejía
En el contexto de la pandemia por SARS COV COVID19, la Procuraduría General de la Nación ha señalado que las EPS adeudan a las clínicas privadas 28 billones de pesos, por el lado de los hospitales públicos 11,4 billones, y 590 mil millones de pesos por el lado de las instituciones mixtas.
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Es un sistema francamente en quiebra, insostenible financieramente, que no tiene un sistema de información público en línea, como lo hemos solicitado durante muchos años, que dé cuenta de manera precisa de la situación financiera, administrativa, sociodemográfica y garantice el derecho a la salud, que nos permita si quiera saber con exactitud, si estas son las cifras o no. Esto sumado a que el año pasado se presentaron 220 mil tutelas, por no atención de servicios de salud, y aproximadamente un millón de quejas dirigidas a la superintendencia de salud, por la misma causa.
La pandemia evidenció esta profunda crisis de la salud, que nos es nueva, que uno podría describir en general, en tres grandes categorías: 1. Una ausencia de rectoría del sistema por parte del Ministerio de Salud y las Secretarias departamentales, municipales y distritales, que no tienen ningún poder de acción sobre las EPS, más allá de las débiles facultades que les otorga la norma. 2. Un desmonte de la salud pública y de la atención primaria en salud en todo el territorio nacional, este es un sistema de alto costo, no preventivo. 3. Una precarización de los trabajadores de la salud, contratados bajo todas las formas miserabilistas e ilegales de contratación laboral, con contratos basura.
La pandemia puso en el centro y evidenció esta profunda crisis de la salud, que nos está costando que hoy Colombia sea el quinto país del mundo con las mortalidades totales más altas, el aumento de los contagios no se detiene, a pesar de los partes de triunfo y tranquilidad que los mandatarios dan a la opinión pública, existe algo que el marketing publicitario no puede cambiar, y son los hechos, la realidad, la vivencia misma de la gente frente al sistema de salud.
Uno esperaría entonces que el Congreso de la República reaccionara, y adelantara la gestión de una legislación adecuada al país para transformar un sistema de salud fallido, pero no es así, es todo lo contrario, radicaron dos proyectos de ley que van en el sentido de ahondar el modelo que hoy está en crisis. En la Comisión séptima del Senado radicaron el PL 010 por la Crisis del sistema de salud y proyectos de reforma por el cual «se realizan ajustes al SGSSS en el marco del sistema de salud, y se desarrolla la ley estatutaria en salud 1751 de 2015», que es apoyado por el Gobierno Nacional, su bancada y la de Cambio Radical.
Este proyecto contiene un refrito de varias leyes y actos administrativos en Colombia que no han funcionado, que buscan salvaguardar a las EPS a toda costa —esas mismas entidades que tienen represadas 70.500 pruebas Covid en la pandemia, y no están haciendo seguimiento de la misma—; en el tema laboral es una burla a los trabajadores, es inocuo, con enunciados exhortativos para nada vinculantes.
El otro proyecto es uno radicado en Cámara de Representantes, que se denomina «Proyecto de ley 331 de 2020, por medio del cual se fomenta el trabajo digno del talento humano en salud y se dictan otras disposiciones», contiene un refrito de normas vigentes en Colombia, pero es peligrosísimo porque su columna vertebral es la legalización de la tercerización laboral, figura que ha sido una de las responsables de la explotación y precarización de los trabajadores del sector. Este fue presentado por la bancada del gobierno y el inexplicable e inaudito apoyo de algunos sectores de las bancadas de la oposición.
En ese sentido, ahora además de que nos corresponde enfrentar la primera línea de atención de la pandemia, en donde hemos perdido varios colegas y tenemos en vilo nuestras vidas por la precariedad en el acceso de elementos de protección personal, ahora nos toca dirigirnos al Congreso a luchar para que no retrocedan más nuestros derechos laborales y el derecho a la salud reconocidos en la Constitución Política, los acuerdos internacionales del Estado colombiano, y la normatividad vigente en Colombia que es suficientemente garantista.
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La Dra. Carolina Corcho es Médica, psiquiatra, Magistra en estudios políticos, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, expresidente de ANIR, coautora de la Ley Estatutaria y de la Ley de residencias médicas. En la actualidad presidente de la Corporación Latinoamericana Sur.
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