Propuesta Proyecto de Ley Grupo de Acuerdos Fundamentales para Reforma a la Salud

Dr. Jaime Urrego, Viceministro de Salud y Dr. Gabriel Carrasquilla, Presidente de la Academia Nacional de Medicina.

En rueda de prensa y con la presencia de representantes de los partidos políticos, de representantes del grupo de Acuerdos Fundamentales -conformado por 21 organizaciones-, la Academia Nacional de Medicina presentó la propuesta de proyecto de ley para garantizar el cumplimiento de la Ley Estatutaria 1751 de 2015.

El Presidente de la Academia, Dr. Gabriel Carrasquilla, señaló que la Academia de Medicina y varias organizaciones médicas han manifestado la necesidad de una reforma al sistema de salud de Colombia. Fue por ello que presentaron la propuesta de Ley Estatutaria de Salud hace 12 años y que fue promulgada en 2015 como Ley 1751, esta legislación no ha sido implementada. También, la Academia de Medicina y otras organizaciones del sector en conjunto con el Ministerio de Salud formularon en 2018, 89 recomendaciones que tampoco se siguieron para el desarrollo de la Ley Estatutaria.

Hace tres años, se estableció la alianza de Acuerdos Fundamentales, integrada por las mismas entidades que formaron la Gran Junta Médica hace 12 años y otras adicionales, con el objetivo de revitalizar el proceso de desarrollo de la Ley Estatutaria de Salud. En diciembre de 2021, presentaron catorce acuerdos fundamentales destinados a guiar dicho desarrollo. Estos acuerdos fueron diseñados con el objetivo de fortalecer la atención primaria en salud, mejorar la red pública de servicios, implementar una política farmacéutica efectiva, dignificar el talento humano en el sector, priorizar la lucha contra la corrupción, entre otros aspectos esenciales. Se ha buscado activamente el compromiso político, incluyendo debates con candidatos presidenciales y llamados a la colaboración con el gobierno y el Congreso de la República.

Además de los desafíos legislativos y políticos, Colombia enfrenta una crisis sin precedentes en la atención médica, caracterizada por tiempos prolongados de consulta y un aumento en el gasto de bolsillo de los usuarios. La disponibilidad de medicamentos también ha sido afectada, complicando aún más la situación para pacientes y trabajadores del sector salud. En respuesta a esta situación crítica, la Alianza de Acuerdos Fundamentales ha instado a las autoridades gubernamentales y al Congreso Nacional a trabajar en conjunto para abordar estos problemas urgentes y priorizar la salud pública sobre cualquier otro interés. La Alianza representa aproximadamente a unos 400 mil trabajadores de la salud, lo que la convierte en una voz autorizada para discutir cuál es el mejor sistema de salud para los colombianos con los recursos disponibles.

El académico Herman Redondo hizo la presentación de la propuesta reconociendo que en los últimos 30 años, desde la implementación de la Ley 100, el sector privado ha sido fortalecido en detrimento del sector público de salud.

El modelo de aseguramiento mixto, según el proyecto presentado, garantiza la afiliación a una entidad promotora de salud (EPS) o gestora, asegurando así el derecho fundamental a la salud de cada individuo, permite la libertad de escogencia, brinda una cobertura prácticamente universal, hay una gestión integral del riesgo en salud y permite incluso que los afiliados tutelen este derecho a través de acciones legales si es necesario.

Las ventajas del sistema demostraron su eficacia durante la pandemia al proporcionar atención sin que los pacientes tuvieran que hacer desembolsos significativos. El Dr. Redondo subrayó la importancia del Plan de Beneficios en Salud, descrito como uno de los más generosos de la región, pero también identificó los problemas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluyendo barreras de acceso, inequidades en la oferta de servicios, la intermediación financiera, el deterioro de la red pública de salud por falta de recursos financieros, la precarización laboral, entre otros. Factores que han llevado a una pérdida de credibilidad en el sistema e incluso una pérdida de autonomía de los profesionales de la salud.

El proyecto propone soluciones a estos problemas, como la creación de un Consejo Nacional de Salud con decisiones vinculantes y una secretaría técnica independiente, para abordar temas críticos como la unidad de pago por capitación -UPC. Se plantea la necesidad de definir una metodología de cálculo para la UPC, basándose en estudios técnicos independientes que reflejen adecuadamente el valor del Plan de Beneficios en Salud.

En cuanto al modelo de atención, el proyecto respalda un enfoque preventivo, predictivo y resolutivo basado en la atención primaria de salud y afectando positivamente los determinantes sociales (agua potable, saneamiento, nutrición, infraestructura). Se propone fortalecer los centros de atención de primer nivel y la integración de redes integrales e integradas de servicios de salud que abarquen desde la atención primaria hasta la alta complejidad, permitiendo el tránsito fluido del paciente dentro de estas redes.

El proyecto también aborda la transformación de las empresas sociales del Estado en instituciones de salud del Estado, con el objetivo de mejorar su financiamiento y capacidad de contratación. Se destaca la necesidad de regular la incorporación de personal actualmente contratado bajo esquemas de prestación de servicios a las plantas de personal, comenzando por los más antiguos para asegurar estabilidad laboral y mejorar las condiciones laborales en el sector de la salud.

Propone transformaciones significativas en el sistema de salud colombiano, buscando modificar el rol de las EPS hacia el de entidades gestoras de salud, con claras funciones de asumir el riesgo en salud y administrativo. Por su parte, la ADRES asumirá el riesgo financiero con una reserva técnica para garantizar recursos financieros suficientes para cumplir con sus nuevas responsabilidades, incluyendo la gestión del riesgo financiero.

El proyecto plantea una transición de dos años, las gestoras seguirán recibiendo los costos administrativos vigentes hasta que se complete un estudio técnico independiente que definirá los nuevos porcentajes de reconocimiento por concepto de gasto administrativo. El flujo de recursos actualmente es gestionado por la ADRES, que recibe fondos del Sistema General de Participaciones y las contribuciones de las EPS a través de la PILA.

Estos recursos se redistribuyen mediante un mecanismo de compensación para asegurar que cada EPS reciba una UPC por cada afiliado. Hoy, las EPS distribuyen hacía las IPS (Instituciones prestadoras de salud) que pagan a proveedores, trabajadores y presta los servicios. Sin embargo, bajo las nuevas disposiciones del proyecto de ley propuesto por la alianza, se busca eliminar la integración vertical entre las gestoras de salud y los proveedores de alta y mediana complejidad después de este período de dos años, además de promover un giro directo universal de los pagos a IPS y proveedores por parte de la ADRES, eliminando restricciones actuales que limitan este proceso a EPS que incumplen con sus obligaciones de pago.

Propone la derogación del artículo 31 de la ley 1607 de 2012, buscando reintegrar la obligación de aportes para trabajadores con ingresos menores a 10 salarios mínimos, con el objetivo de incrementar los recursos del sistema de salud y declarar exentos de IVA los medicamentos, insumos y tecnologías básicas de uso en el Sistema de Salud.

Se contempla un plan financiero a diez años, supervisado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para asegurar la viabilidad financiera del sistema de salud. La ADRES mantendrá sus funciones actuales como administrador, pagador único y garantizador del flujo de recursos, asumiendo además nuevas responsabilidades en la gestión del riesgo financiero y la auditoría de recursos.

El proyecto también incluye disposiciones sobre el talento humano en salud, proponiendo un régimen laboral especial para compensar la deuda social con los trabajadores del sector. Se enfatiza la autonomía de los profesionales de la salud y se establecen comités de autorregulación profesional para velar por el cumplimiento ético y científico en la práctica médica, así como un examen único nacional habilitante para admisión a especialidades médico-quirúrgicas.

Finalmente, propone una reforma en la inspección, vigilancia y control del sector salud, separando las funciones de administración y vigilancia. Cuando se intervenga una Entidad Gestora de Salud, el Ministerio de Salud previo concepto del Consejo Nacional de Salud designaría a una entidad que cumpla con los requisitos financieros y administrativos como administradora mientras dure la intervención, asegurando así una supervisión más efectiva y transparente. Estas medidas buscan mejorar la eficiencia, equidad y sostenibilidad del sistema de salud colombiano en respuesta a los desafíos actuales y futuros.

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El proyecto de ley puede verse y descargarse en: https://anmdecolombia.org.co/wp-content/uploads/2024/07/Acuerdos-Fundamentales-Propuesta-Reforma-a-la-Salud-Julio-2024.pdf

La sesión completa en: ACUERDOS FUNDAMENTALES PROPUESTA PROYECTO LEY PARA DAR CUMPLIMIENTO LA LEY EST.1751 DE 2015

Nota. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina