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Foro “Situación actual de la salud en Colombia. Del análisis a las soluciones inmediatas y de largo plazo”, organizado por la Comisión de Salud bajo la coordinación del Académico Dr. Guillermo Sánchez Vanegas y la moderación del presidente, Dr. Gabriel Carrasquilla Gutiérrez.
El foro organizado por la Academia pretende construir propuestas que contribuyan a la mejora del sistema de salud en el corto, mediano y largo plazo. La comisión elaborará un documento con las conclusiones y propuestas surgidas del foro. El documento será presentado a los candidatos presidenciales hacia finales del primer trimestre del próximo año para un diálogo abierto.
El primer panel se centró en el diagnóstico de la crisis más allá de los titulares. Estuvo conformado por la doctora Clemencia Mayorga, presidente del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá; la doctora Victoria Eugenia Soto, directora ejecutiva del grupo de investigación PROESA de la Universidad ICESI de Cali; el Dr. Eduardo Guerrero, profesor de la Universidad Antioquia en Salud Pública; y el doctor Carlos Humberto Arango, asesor en salud de la Federación de Departamentos de Colombia.
La pregunta para el Dr. Guerrero fue: ¿Dónde ha estado la salud pública en el desarrollo del sistema de salud? La salud pública en Colombia, según la visión del Dr. Eduardo Guerrero, ha quedado relegada y debilitada dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Uno de los problemas centrales es la falta de financiamiento suficiente, lo que ha generado una pérdida de protagonismo en la organización de los servicios de salud y en la planificación territorial. Además, la flexibilización del Estado impulsó modelos de contratación por programas con múltiples contratistas, lo que fragmentó el trabajo y generó grandes riesgos de pérdida de información clave para vigilancia y diagnóstico.
El país presenta marcadas desigualdades territoriales en salud pública. Mientras las grandes ciudades muestran mejores niveles de organización e indicadores favorables (zonas “verdes”), el resto de las regiones se encuentra entre niveles intermedios (“amarillos”) y críticos (“rojos”), especialmente en territorios más alejados, donde los indicadores de salud son más negativos y donde debería hacerse una mayor inversión. Esta desigualdad, no abordada adecuadamente, explica que Colombia tenga promedios de salud pública que no son coherentes con el alto gasto en salud y que otros países con recursos similares logren mejores resultados en mortalidad materna, infantil y otros indicadores.
Otro desafío crítico es la precariedad laboral: los contratos son temporales, inestables y poco dignos, sin incentivos para el desarrollo profesional, lo que hace que el personal priorice la renovación de su contrato sobre las acciones de salud pública. Pese a estas debilidades, reconoce fortalezas importantes como el Instituto Nacional de Salud y sistemas como Sivigila, además de grupos de investigación que ofrecen oportunidades para construir un modelo más moderno, digno y equitativo, con visión a futuro.
¿Cuáles otros aspectos requieren una profundización en el análisis y propuestas a largo plazo? La Dra. Clemencia Mayorga señala que es necesario evaluar con rigor el impacto y evolución de la Ley 100, diferenciando problemas estructurales y emergentes. La ley comenzó en los años 90 con más de 150 EPS, muchas creadas incluso por médicos, pero con serias deficiencias de solvencia financiera y capacidad técnica. En la primera década, gran parte de estas entidades desapareció por no resistir la presión del sistema, dejando deudas y fallas de operación. Entre 2000 y 2010 se consolidan otros hitos determinantes: una crisis profunda de corrupción asociada a recobros fraudulentos que generó pérdidas millonarias de recursos, favorecida por la falta de vigilancia y control.
Paradójicamente, en ese mismo periodo la población exigía cada vez más servicios mediante tutelas, impulsando transformaciones como la sentencia T-760 de 2008 que declaró la salud como derecho fundamental, lo que aumentó las obligaciones del Estado sin que la financiación creciera al mismo ritmo. A esto se sumó la crisis económica global de 2008, que provocó la liquidación, fusión o cierre de más de 20 EPS en los dos años posteriores. Surge la Ley Estatutaria de Salud, un avance clave en derechos al definir que todo está incluido en salud, pero enfrentada también a rezagos presupuestales frente a una población que exige su cumplimiento inmediato.
Los problemas emergentes se intensificaron después de 2020 con la pandemia, que disparó el uso de servicios por retrasos diagnósticos y cierres de servicios, y desde 2022 con la inclusión de más de 1.150 medicamentos y tecnologías sin asignar recursos financieros suficientes, además de una inflación creciente en el sector salud. La Dra. Mayorga señala que el gobierno actual ha desconocido la coexistencia de causas estructurales y emergentes, contribuyendo a la crisis financiera y a los cierres masivos de servicios en 2024 (más de 10.000), afectando especialmente a pacientes de enfermedades raras, crónicas y población en pobreza, justamente los grupos más vulnerables que el gobierno afirma priorizar.
¿Cuál es el acercamiento a la realidad más académica, más científica, de acuerdo a los análisis hechos por PROESA? La Dra. Victoria Eugenia Soto advierte que el sistema de salud colombiano arrastra una deuda histórica significativa entre aseguradores (EPS) y prestadores (IPS). Antes de la pandemia ya se hablaba de una brecha estimada entre 6 y 10 billones, pero hoy la deuda corriente podría ubicarse entre 20 y 27 billones, aunque sin certeza sobre las cifras. Más allá del número, la Dra. Soto enfatiza que la claridad en responsabilidades y reglas de atención permitiría interpretar mejor el origen real de la deuda y garantizar que los recursos acompañen dichas obligaciones.
Uno de los problemas de fondo es la débil gobernanza, especialmente en salud pública, donde los roles y responsabilidades entre entidades territoriales, aseguradores y gobierno no están bien definidos. Esto ha limitado el financiamiento colectivo debido a que la UPC (Unidad de Pago por Capitación) -principal mecanismo de financiación- se calcula desde una lógica individual y ha excluido por años los datos del régimen subsidiado, que cubre casi la mitad de la población del país. Las necesidades territoriales son heterogéneas, en especial en regiones alejadas donde los modelos urbanos no son suficientes ni pertinentes.
La crisis actual ha generado un aumento del gasto de bolsillo, afectando más a los hogares más pobres. Además, la UPC no creció al nivel esperado (15–17%) y solo aumentó cerca de 5%, lo que derivó en un desfinanciamiento del sistema. Con este panorama, la Dra. Soto plantea repensar la UPC incorporando ajustes según condición de salud, territorio, calidad de datos, innovación y sostenibilidad, como un acuerdo social clave para proteger el derecho a la salud sin perder la progresividad alcanzada.
¿Ha habido distanciamiento o no entre el gobierno central y las entidades territoriales? El Dr. Carlos Humberto Arango plantea que el sistema de salud colombiano tiene dos componentes esenciales: las atenciones individuales, financiadas mediante aseguramiento y mancomunación de recursos, y las prestaciones colectivas, asociadas a la salud pública y la rectoría territorial. El aseguramiento, pese a sus crisis, representa una ganancia en equidad financiera que no debería perderse. Sin embargo, la división marcada entre lo individual y lo colectivo, sostenida por 30 años, generó aislamiento y debilitamiento de la salud pública.
Cada modelo histórico ha cumplido un papel útil según las realidades de su tiempo, y hoy el país vive un momento distinto que exige un nuevo contrato social con visión de futuro. En las regiones, el trabajo prolongado con secretarías de salud ha evidenciado enormes carencias de capacidades institucionales y profundas desigualdades entre territorios. Esto muestra la urgencia de diseñar políticas públicas adaptadas, considerando no solo tipologías territoriales, sino también modelos de coordinación subregional entre municipios, que faciliten una gestión más integrada y pertinente, especialmente en zonas alejadas.
En 2024, el sistema destinó alrededor de 96 billones a la atención individual, 88 de ellos administrados por EPS mediante UPC y presupuestos máximos, mientras que la salud pública territorial no superó los 7,5 billones. Esta disparidad ha reducido la salud pública a un papel secundario, debilitando funciones como liderazgo territorial e inspección, vigilancia y control. Por ello, el Dr. Arango propone que las reformas a la Ley 100 y a la Ley 715 avancen de manera articulada y simultánea, fortaleciendo el componente territorial y reconstruyendo las capacidades institucionales necesarias para un sistema más equilibrado y justo.
Bajo la necesidad de obtener recursos para programas de prevención, que son tan importantes como el tratamiento mismo de enfermedades, la Dra. Soto considera que la financiación de lo colectivo es escasa y, además, proviene de fuentes paradójicas como loterías o recursos que incluso podrían reducirse, como en el caso del impuesto al alcohol, donde productos como la cerveza se han normalizado dentro de la canasta familiar. El Dr. Guerrero resalta la urgencia de recomponer la gobernanza, uniendo lo individual y lo colectivo desde la tecnología, transparencia, ética y participación activa de la sociedad civil y actores territoriales.
La Dra. Mayorga recalca que la autonomía médica es fundamental y debe acompañarse de evidencia científica, racionalidad técnica y autorregulación ética para evitar el desperdicio e ineficiencias, estimadas en el mundo entre 25% y 30% del gasto innecesario. También se hace necesario atacar los factores que están provocando que profesionales del sector salud emigren buscando mejores condiciones laborales que no tienen en el país.
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Intervenciones en:
SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD EN COLOMBIA | DEL ANÁLISIS A LAS SOLUCIONES URGENTES Y DE LARGO PLAZO
Artículo. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina
