El Centro Nacional de Estadísticas de Salud, en Estados Unidos, entregó en los últimos días una noticia estremecedora: cien mil personas murieron por sobredosis de opioides en ese país entre abril de 2020 y el mismo mes de 2021, un aumento de 28,5% respecto del año anterior y el doble de las víctimas que se registraron en 2016.

La cifra supera a la de estadounidenses fallecidos en las guerras de Vietnam y Afganistán juntas y refleja la magnitud y gravedad de la que es la epidemia más letal de la historia en la potencia, obviamente hasta la aparición de la actual pandemia de covid-19. Otro dato impactante sobre la crisis de los opioides: medio millón de personas murieron entre los años 1999 y 2019. Lo más desconcertante y aterrador es que la mayoría de las adicciones comenzaron por prescripción médica y buena parte de las drogas fueron vendidas legamente a través de farmacias.

La crisis arrancó en la segunda mitad de la década de los 90 con el lanzamiento de OxyContin, un analgésico del laboratorio Purdue Pharma. En busca de ampliar su portafolio de negocios y elevar utilidades, esa y otras empresas farmacéuticas -Teva, Cephalon, Johnson & Johnson, Janssen, Insys-, tuvieron la idea de introducir y promover en el mercado el uso de analgésicos opioides, lo cual contó desde el inicio con la oposición rotunda de autorizadas voces de la comunidad científica que alertaron acerca de la naturaleza adictiva de esos fármacos.

Nada los detuvo y, por el contrario, investigaciones judiciales establecieron que los laboratorios manipularon médicos y organizaciones para eludir los señalamientos y hacer creer que sus opioides eran “seguros y eficaces”. También lograron que el Congreso de Estados Unidos paralizara las acciones de la DEA sobre el tema. Con base en esas maniobras, durante más de 25 años consolidaron uno de los negocios más lucrativos del sector y vieron crecer exponencialmente sus utilidades -llegaron a más de 300 millones de recetas/año-, todo ello al incalificable costo de ‘popularizar’ la heroína entre personas del común -estudiantes, amas de casa, ancianos, cualquiera-, que se volvieron adictas.

Los laboratorios desplegaron una gran ofensiva para incitar a los médicos a recetar analgésicos opioides así como para contener las denuncias de adicción, esto a través de publicidad y testimonios de individuos e instituciones a su servicio. Ello desató un frenesí en los mercados que llevó a que algunos médicos que se negaron a recetar opiáceos fueran sancionados por las federaciones o demandados por sus pacientes. El American Journal of Public Health indica que, entre agosto de 2013 y diciembre de 2015, ParduePharma y otras farmacéuticas pagaron más de 46 millones de dólares a más de 68 mil médicos en Estados Unidos a través de comidas, viajes y honorarios para incitarlos a recetar opioides.

En su libro “Doctor Narcotraficante” la psiquiatra Anna Lembke relata que se generó un ciclo mortífero: prescripción del analgésico a pacientes con dolores agudos, adicción, demanda de más y más prescripciones y, al final, ingreso a la compra en la calle de heroína y otras drogas letales. A diferencia de los opiáceos que se obtienen con base en alcaloides, los opioides se fabrican en laboratorio y son más potentes y económicos. Por su poder y bajo precio, el fentanilo, un opioide sintético creado por las farmacéuticas, es el punto de llegada para los adictos y el principal responsable de la tragedia, ya que ocasiona 64% de las muertes por sobredosis.

La fiesta para los laboratorios y los distribuidores se acabó en el 2019 cuando alcaldes y otras autoridades de zonas gravemente afectadas por la crisis iniciaron acciones legales en su contra. Hubo un total de 2.500 demandas por la muerte de 400 mil personas ligadas al uso y abuso de medicamentos opioides. Jhonson y Jhonson acordó el pago de 26.000 millones de dólares en compensaciones. Purdue Pharma se declaró en bancarrota y sus propietarios, la familia Sackler, pagaron 4.500 millones de dólares a sus 3.000 demandantes. Operaciones similares han realizado los demás laboratorios y farmacias acusadas. 

Pero ni el “macro caso” judicial como tampoco el cese de la producción lograron detener el fenómeno porque la adicción es una enfermedad de largo plazo. El fentanilo sigue en venta y además entra de contrabando desde México. Estados Unidos, país que combate y acosa al narcotráfico en el mundo, vio formarse “legalmente” el cartel más poderoso y letal en su propio territorio, y ahora paga con vidas humanas un altísimo costo por haber actuado con ligereza e imprevisión.

Nota. En mi columna del diario EL SIGLO de Bogotá escribí en los años 90 un artículo titulado SOCIEDAD ADICTA, que comentaba estadístivas de drogadicción en la sociedad americana. El publicado hoy como editorial de EL NUEVO SIGLO se refiere a una drogadicción legal en la que la promoción de empresas legales como farmacéuticas, farnacias y los mismos médicos, inundaron a los pacientes, ya adictos o todavía no, con toneladas de fármacos adictivos. Se han puesto  sanciones y correctivos, pero ya hay un daño hecho. La drogadicción es un problema de salud pública.

Fuente EL NUEVO SIGLO

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Internista-Endocrinólogo. Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina, Fellow del American College of Physicians y Miembro Honorario de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Editor Emérito de la Revista MEDICINA. Editor de Noticias, portal de la Academia www.anmdecolombia.org.co

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