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Presentada en el marco del II Foro Iberoamericano de consumo de sustancias psicoactivas por la Directora de Políticas de Drogas y Actividades Conexas del Ministerio de Justicia y del Derecho, Dra. Jenny Fagua. 

Los esfuerzos y costos del gobierno colombiano en la lucha contra el cultivo ilegal de drogas llevan más de 50 años. A pesar de este empeño, el cultivo de coca y otras drogas ilícitas como la marihuana y la amapola ha seguido aumentando, los costos humanos también han sido altos e incluyen a militares y civiles. El objetivo global de reducir el consumo y la disponibilidad de drogas no se ha logrado, y nuevas sustancias psicoactivas, incluidos cannabinoides y estimulantes sintéticos, están proliferando y aún no están incluidas en las listas internacionales de fiscalización y control. El informe de Naciones Unidas sobre drogas revela que el número de personas que consumen sustancias psicoactivas ha aumentado un 20% en los últimos 10 años, siendo el cannabis, los opioides, las anfetaminas y la cocaína las más consumidas.

Un estudio realizado en 2019 por el Ministerio de Justicia y el Observatorio de Drogas con el DANE revela la presencia del consumo de sustancias psicoactivas en todo el territorio nacional con importantes diferencias entre departamentos. El proceso de formulación de políticas de drogas, iniciado en 2023, pretende incluir a todos los actores involucrados, con foco en el cuidado de la vida, el medio ambiente y los derechos humanos. La política consta de dos componentes principales: oxígeno y asfixia. El componente de oxígeno tiene como objetivo brindar apoyo a determinadas poblaciones, familias, personas, ecosistemas y territorios afectados por el mercado ilegal de drogas. El componente de asfixia tiene como objetivo reprimir los grupos criminales y los nodos estratégicos que han generado el mercado ilegal de drogas con la violencia asociada.

En territorios donde prevalece el cultivo de drogas ilícitas, se busca la transición hacia economías legítimas y abordar las causas subyacentes de la producción de drogas ilegales con la colaboración de varios sectores, incluido el gobierno nacional, el sector privado, organizaciones internacionales y comunidades locales. El segundo componente es el impacto de la producción de drogas ilícitas en el medio ambiente y la necesidad de esfuerzos de conservación ambiental. El tercer componente busca abordar la vulnerabilidad de las poblaciones en los mercados locales de drogas y evitar que los jóvenes se unan a grupos criminales. 

En el componente de asfixia, algunos aspectos considerados son: buscar programas penales alternativos para adolescentes, intervenciones estratégicas contra actores clave en las cadenas de producción y tráfico de drogas, el uso estratégico y eficiente de la erradicación forzada, una regulación justa y responsable que reconozca los usos legales de ciertas plantas, como la coca y el cannabis, y su potencial para generar productos legales en áreas como la nutrición, la industria y la medicina. Colombia ha asumido un papel de liderazgo en las discusiones internacionales sobre políticas de drogas, abogando por un cambio de perspectiva y explorando alternativas al enfoque punitivo.

Para la Dra. Nubia Bautista, coordinadora del Grupo de Convivencia Social, del Ministerio de Salud, la prevalencia del consumo de sustancias ilícitas ronda el 10%, siendo el alcohol la sustancia más consumida y que se ha convertido en el principal problema de salud mental en el país, a pesar de ser una sustancia psicoactiva legal. El uso de cigarrillos ha ido disminuyendo debido a las medidas regulatorias, pero el uso de cigarrillos electrónicos y vaporizadores ha aumentado. El cannabis, es la sustancia ilegal más consumida, seguida de la cocaína, el éxtasis, el basuco y la heroína, que también tienen graves consecuencias para la salud, incluido el aumento de las infecciones por VIH y hepatitis C. 

El consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes universitarios es más frecuente en Colombia que en otros países de la región. La aparición de nuevas sustancias psicoactivas supone un importante desafío para los servicios de salud y el tejido social, de allí la importancia de fortalecer los sistemas de alerta temprana. Los opioides o medicamentos de prescripción son una preocupación importante, ya que algunos se desvían para usos ilícitos mientras que muchas personas que los necesitan no pueden acceder a ellos, en particular aquellos con dolor crónico o bajo cuidados paliativos. 

El primer objetivo específico de la política es promover la salud y prevenir el consumo, con un enfoque en la prevención basada en evidencia. La prevención no es sólo responsabilidad de los servicios de salud sino también de las escuelas, los servicios de protección infantil y la comunidad. La prevención incluye restricciones a la publicidad, el patrocinio y los horarios de venta, como se ve en el control del tabaco. En la atención de salud mental, se hace hincapié en la detección y el tratamiento temprano. El acceso a los servicios de salud sigue siendo un desafío, particularmente para las poblaciones vulnerables y los jóvenes, y se necesitan esfuerzos para eliminar las barreras a la tecnología y los medicamentos. 

Otro objetivo específico de esta política es la promoción de la telemedicina en atención primaria, que reduce riesgos y daños. El sistema de Atención Primaria se destaca como una prioridad, con esfuerzos para expandir su alcance a áreas de alta prevalencia, comunidades indígenas y cárceles. 

La doctora Diana Margarita Ojeda Bisbal, Procuradora delegada de Trabajo y Seguridad Social de la Procuraduría General de la Nación, habló de la aplicación de las leyes relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas y su impacto en la salud pública. Uno de los logros más significativos en esta área es la implementación de la Ley 1566 de 2012, que trata el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de salud pública y no solo como un problema penal. Una preocupación grande para la entidad es el consumo en menores de edad, y menciona un estudio de la Secretaría de Salud que revela que al 21.2% de los estudiantes se les ha ofrecido drogas y el 25.9% ha visto personalmente a alguien consumiendo drogas en la escuela o cerca de ella. 63.2% de los estudiantes afirma que es fácil comprar bebidas alcohólicas. Los ministerios de Justicia y Salud han adoptado medidas preventivas, incluida la colaboración con los departamentos de salud locales y los consejos de distrito en materia de políticas de prevención del abuso de sustancias. Sin embargo, es necesario que los nuevos gobiernos y las autoridades mejoren la comunicación y la concienciación sobre las iniciativas en curso, sostiene. 

Existen alrededor de 3.000 centros de tratamiento autorizados, pero la mayoría de ellos se concentran en las principales ciudades. Factores sociales y comunitarios, como las crisis económicas y el reclutamiento de jóvenes en bandas criminales, contribuyen al problema. 

El Dr. Orlando Scoppetta Díaz-Granados, miembro de la Comisión Asesora para la implementación de la política abordó la perspectiva académica para la implementación de la Política Nacional de Drogas. 

A pesar de algunos avances en el diseño de políticas de drogas, el país sigue lidiando con el problema de la violencia relacionada con las drogas. Según informes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el consumo de drogas es un factor común en los eventos violentos en el país, tanto recientes como históricos. La ineficacia de las políticas de drogas puede deberse a que se centran en los rituales y formalidades públicas en lugar de hacer que las políticas sean efectivas. Se hace necesaria una visión a largo plazo del Estado para abordar el problema de las drogas.

Los cambios en el liderazgo local a menudo requieren comenzar de nuevo con políticas de drogas previamente establecidas. Un obstáculo importante para las políticas de drogas eficaces es la elaboración de presupuestos. Colombia, un país fuertemente afectado por el problema de las drogas, ha tenido un éxito limitado en la construcción de políticas integrales sobre drogas a pesar de extensos debates y discursos. Para el Dr. Scoppetta se debería separar la discusión sobre usos alternativos de plantas, como el cannabis o la coca, de las políticas de drogas, dado que ya existe un sólido marco regulatorio para usos industriales. 

Por otra parte, a pesar de la presencia de medidas regulatorias para el alcohol y el tabaco, su impacto en el consumo sigue siendo limitado y los costos para la salud y el país son significativos. Para que las políticas de drogas sean efectivas es necesaria una inversión más seria en programas de prevención y un enfoque en el desarrollo de capacidades individuales. 

Los cambios históricos han conducido a un camino complejo y sinuoso. Inicialmente se contaba con una entidad que centralizaba la política antidrogas pero fue permeada por la corrupción. Ahora se requiere una perspectiva crítica más profunda para ajustar las políticas y enderezar el camino.  

Presentaciones en

 II FORO IBEROAMERICANO: CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y SU IMPACTO EN LA SALUD PÚBLICA – D1 AM

Nota. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina

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